El grupo municipal de Unides Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha aclarado que su portavoz, Xavier López, realizó una “valoración política” y no imputó “delito alguno” al concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Cs), en la nota de prensa remitida el pasado martes para anunciar la presentación de enmiendas a la modificación de la ordenanza de licencias urbanísticas.
En un comunicado de este domingo, UP ha salido así al paso de la denuncia por injurias y calumnias interpuesta por Santos contra López al entender que había vulnerado su derecho al honor. Una judicialización que UP ha rechazado como “método de presión” para limitar su derecho “a la libertad de expresión en la fiscalización y control de la actividad pública”.
En su nota del martes, López alegó que las enmiendas buscan introducir “transparencia” en el proceso de concesión de licencias para que “no pueda favorecer a nadie de manera opaca y turbia, como ocurrió con las relaciones de corruptelas y favores entre su exlideresa Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz”.
Desde UP no se ha entrado a valorar la denuncia presentada por Santos, porque han asegurado que desconocen “los detalles”.
No obstante, han aseverado: “Tanto Unidas Podemos como su portavoz municipal queremos aclarar, para evitar interpretaciones erróneas, que no se ha imputado delito alguno al concejal de Urbanismo ni ha habido pretensión de hacerlo y lamentamos que haya podido entenderse de esa manera”.
Según la formación morada, “la nota de prensa enviada el pasado martes hace una valoración exclusivamente política del Grupo Municipal de Unidas Podemos sobre la gestión que el partido Ciudadanos está llevando a cabo en la tramitación de la citada Ordenanza”.
Asimismo, sobre la llamada telefónica mantenida entre Santos y López el mismo martes, la versión de UP asegura que fue para concertar una reunión “para pulir aspectos técnicos de las enmiendas presentadas”, como paso previo a la Comisión de Urbanismo de mañana lunes, y no para solicitar una rectificación de López.
TRANSPARENCIA
UP ha insistido en que sus enmiendas buscan establecer “mecanismos de control necesarios” para que la calificación como ‘Proyectos Prioritarios’ de licencias urbanísticas se haga “con la mayor objetividad Y transparencia posible, para evitar cualquier trato de favor que pudiera sucederse en el futuro”.
“Es una preocupación lógica de Unidas Podemos reforzar el control democrático en este área municipal, donde bajo el mando de anteriores responsables políticos acontecieron hechos hoy judicializados y escándalos de presunta corrupción, amaños y favores, reconocidos a día de hoy por diversos empresarios de la construcción dentro de la trama conocida como Brugal, entre ellos Enrique Ortiz, que se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad”, ha expuesto.
Además, han recordado que el empresario ha admitido ser “cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de prevaricación, así como haber financiado ilegalmente al Partido Popular”.
“Desconocemos si el propósito último de la denuncia anunciada por el edil de Ciudadanos no es otro que desligarse de su anterior organización política en el contexto de las recientes confesiones de Enrique Ortiz. Aunque es público que Adrián Santos Pérez se incorporó al consistorio con posterioridad a la redacción del PGOU, y que no figura como acusado en causa alguna, no es menos cierto que permaneció en la organización local del Partido Popular, presidiendo además las Nuevas Generaciones y estrechamente ligado a la exalcaldesa Sonia Castedo durante los primeros años del proceso judicial”, han indicado.
Asimismo, han agregado que “en 2010, la opinión pública ya conocía, a través de los medios de comunicación, audios muy explícitos de las conversaciones entre el constructor y la exalcaldesa sobre el presunto amaño”.
MÉTODO DE PRESIÓN
Finalmente, UP ha incidido en que seguiran “exigiendo responsabilidades políticas” y han rechazado que “Ciudadanos en general, y el concejal -Adrián Santos-, Pérez en particular, utilicen los juzgados y tribunales como método de presión para limitar nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión en la fiscalización y control de la actividad pública”.
“Derecho que se ve reforzado para cargos representativos y especialmente para quienes ejercen una labor de oposición”, han continuado.
Por todo ello, han insisitido en que continuarán “defendiendo, como ha hecho siempre, la necesidad de aumentar la transparencia de las instituciones y de mejorar los mecanismos de control y participación para acercarlas a la ciudadanía”.
“Y precisamente por ello, presentamos en el pleno del mes de abril una iniciativa para crear una comisión que investigue y evalúe los daños que la corrupción de Ortiz y del PP han costado a la ciudad de Alicante”, han zanjado.
