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miércoles, 24 abril 2024

UGT y CCOO se movilizan para ‘evitar el desmantelamiento’ de los servicios sociales

En la manifestación han exigido que 'rectifique y priorice las políticas sociales , porque está en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 trabajadores'

Esta mañana CCOO PV y UGT PV han salido a la calle en defensa del sistema público de servicios sociales y para exigir al Consell el cumplimiento del acuerdo firmado en 2022, de mejora  del sistema público de servicios sociales. Denunciando que “está en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 personas trabajadoras”.

Para ello se ha movilizado a los sectores de atención en servicios sociales para denunciar que el actual Gobierno valenciano “incumple los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social en la anterior legislatura.

Pactos que incluían, entre otras cuestiones, la dignificación y la homologación salarial y de jornada del personal de los centros de la acción concertada y de los centros de titularidad pública y gestión privada, con el personal público.

“Incumplimientos”, que, según los sindicatos, “ponen en peligro la continuidad del sector”. En ese sentido se reclama a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “por el desvío de los fondos presupuestarios ya consignados en el 2023, y por la no provisión de recursos suficientes para cumplir el acuerdo en los presupuestos de 2024”.

Así se denuncia que, en los centros de titularidad pública y gestión privada, la Conselleria “tiene retenidas las licitaciones, lo que implica que no hay homologación ni incrementos salariales”.

De hecho, “al no sacar las licitaciones se dejan sin efecto también las mejoras en la calidad del servicio que prevén estos acuerdos, como el aumento de ratios de personal o las obligaciones a cumplir por las empresas.

Por todo ello, “se exigen ya las licitaciones y que no se apliquen prórrogas forzosas, porque esto significaría incrementar la deuda con las entidades que gestionan estos centros, ya que estarían en expediente de resarcimiento, es decir, sin contrato”.

Y es que el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 2022 fue “histórico” para el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. “Un pacto que permitía mejorar la financiación de las entidades y hacer efectiva la homologación salarial y de jornada de las personas trabajadoras. En suma, para sostener adecuadamente la cuarta pata del estado del bienestar”.

Así hoy se ha recordado al actual gobierno que “aún está a tiempo de retomar el acuerdo de hace un año, garantizando la sostenibilidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, ya que está en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 personas trabajadoras”.

Además, reclaman iniciar las negociaciones en la mesa del diálogo social, “que ha sido reunida tan solo una sola vez, para abordar y poner solución a los problemas actualmente existentes en el sistema, entre ellos, el déficit de personal o el de infraestructuras”.

El portavoz del Área Pública de Comisiones Obreras, Juan carlos Nuñez, ha recordado que el acuerdo de homologación de las condiciones del personal de todos los centros (públicos, concertados, de gestión privada, pero de titularidad pública) “no se firmó en un partido, sino en el marco del diálogo social con la Generalitat, por lo que debe cumplirse”.

“Es por eso por lo que no vamos a parar, los sindicatos, UGT-PV Y CCOO PV continuaremos denunciando la situación y continuaremos luchando y reivindicando la defensa del sistema público valenciano de servicios sociales y el cumplimiento de los acuerdos porque es la base para mejorar la vida de las personas trabajadoras del sistema público de servicios sociales y de las personas usuarias de éste” han afirmado.

Por otra parte, el próximo 1 de marzo, se hará entrega al Síndic de Greuges de las miles de firmas que se están recogiendo por parte de las dos centrales sindicales, para solicitar su amparo y que inste al Gobierno a cumplir lo acordado.