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El TC confirma la orden nacional de detención dictada contra Puigdemont tras ser elegido eurodiputado

La suspensión solicitada por los líderes independentistas acarrearía una "perturbación de la función jurisdiccional", según el tribunal.

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime denegar la suspensión de las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconsejero Antoni Comín que fueron acordadas por el instructor del la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, después de que ambos fueran elegidos eurodiputados.

El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, explica que la suspensión solicitada por los líderes independentistas acarrearía una “perturbación de la función jurisdiccional”, y supondría una injerencia en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria.

Añade que asuntos como éste ha de ser abordado “con suma cautela, caso a caso”, para evitar que el Constitucional acabe desempeñando funciones que le están constitucionalmente vedadas por ser propias del juez ordinario del caso.

Los recurrentes también solicitaban al TC que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el sentido de que era contrario al Derecho de la Unión y a la jurisprudencia del TJUE que no se suspendiera el procedimiento penal como consecuencia de su elección como parlamentarios europeos y conseguir la inmunidad correspondiente.

El TC rechaza tal petición porque no se pone en relación una norma de la Unión Europea con una norma nacional sino con un eventual criterio aplicativo de ésta y, además, se trata de una petición condicionada que no puede admitirse en este trámite incidental porque “equivaldría a una resolución anticipada del fondo del recurso de amparo”.

El Tribunal Constitucional concluye afirmando que “si levantara las órdenes de busca y detención acordadas, estaría negando, de hecho, su necesidad y legitimidad, así como la concurrencia de los presupuestos jurídicos que han llevado a la jurisdicción ordinaria a su adopción y mantenimiento pese a haberles reconocido la adquisición de las prerrogativas e inmunidades que les corresponden como parlamentarios europeos”.

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