La Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante se ha reunido esta mañana en sesión extraordinaria para analizar las modificaciones legales previstas en la planificación hidrográfica del Tajo -aumento de los caudales ecológicos- y del trasvase Tajo-Segura -modificación de las reglas de explotación- y ratificar el análisis que el órgano técnico de esta comisión realizó recientemente alertando de que estas medidas “suponen, en la práctica, la inviabilidad del trasvase, con los evidentes graves impactos socioeconómicos y ambientales que tendría”, ya que reducirían los caudales en hasta 146 hm3 al año, según los expertos.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, que ha presidido la sesión, ha anunciado, asimismo, que elevará al pleno de la Diputación de Alicante este acuerdo y ha insistido en que “ante la pasividad del president de la Generalitat, Ximo Puig, lo único que podemos hacer ahora es presentar alegaciones” contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica.
Durante la reunión, celebrada de forma telemática, se ha puesto de manifiesto igualmente que las inversiones e infraestructuras anunciadas por el Gobierno central “no compensarán” la perdida de los caudales del trasvase, así como el coste elevado que supondrá el uso del agua desalinizada, que se ha estimado entre 50 céntimos y un euro.
Aunque desde el Grupo Socialista, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, ha defendido que “lo importante es que tengamos agua, venga de donde venga y se genere donde se genere”, tanto los regantes como la propia Serna han advertido de que “el agua no da igual de donde venga” tanto por la calidad de la misma – “en la Vega Baja necesitamos agua de los ríos”, ha dicho Pedro Mompeán, juez de Aguas de Orihuela-, como por el precio que se deberá pagar por ella.
“Es inasumible para el agricultor pagar por el agua desalinizada 50 céntimos”, ha indicado el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, quien ha abogado por abordar la cuestión de los caudales ecológicos en el siguiente ciclo hidrológico, “solo una vez se hayan hecho las inversiones prometidas y comprobado su eficacia”. En este mismo sentido se ha pronunciado, José Andújar, de Fecoreva, quien ha apuntado que “la realidad es que primero nos quieren quitar el agua y luego nos prometen las obras”. Los regantes también han apelado a la unidad de todos los partidos políticos de la Comunitat en la defensa del trasvase.
Finalmente, los técnicos han apuntado que las alegaciones que se impulsen desde la provincia de Alicante deben basarse en dos aspectos fundamentales. Por un lado, recalcar que la planificación del Tajo no se puede abordar sin tener en cuenta a los usuarios del trasvase y los efectos sociales y económicos que esta tendrá y, por otro, poner de manifiesto los informes técnicos que se han obviado en la propuesta de elevar los caudales ecológicos del Tajo. “Todas las elecciones que se han adoptado para la fijación de los caudales ambientales son las más restrictivas para el trasvase Tajo-Segura”, ha indicado el profesor de la UA, Andrés Molina.
