El sindicato CSIF ha pedido a la Conselleria de Justicia que se adopten las medidas oportunas para solucionar la saturación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) en Alicante, que tildan de “preocupante” y señalan que afecta a la “eficiencia de los procesos judiciales en diversos ámbitos”. El Instituto “se encuentra desbordado por una demanda creciente de solicitudes provenientes de los diferentes órganos judiciales de la ciudad, haciendo que la situación de la agenda de reconocimientos sea tal que apenas se puede dar fecha para asuntos urgentes o con juicios muy próximos”.
Hay que recordar que en el ámbito de los Juzgados de lo Social en la ciudad de Alicante existen 7 Juzgados especializados en esta materia, 3 en Elche y 3 en Benidorm. Sin perjuicio de los criterios particulares de cada órgano judicial, es común a la mayoría que en aquellos autos en los que hay que determinar el grado de discapacidad, se requiere irremediablemente un reconocimiento por médico forense, “lo que genera una carga adicional para el IML”.
La situación descrita, unida al estado de “saturación” de las agendas de señalamientos de los Juzgados de lo Social, donde en algunos órganos ya se están señalando juicios para mediados de 2025, supone un problema importante. “Es difícil explicar al ciudadano que se suspenda un juicio para el que ha esperado más de año y medio por la imposibilidad de agendar reconocimientos previos por parte de los médicos forenses, que además con posterioridad deben disponer de tiempo para elaborar un informe”.
Esta situación “se agrava en los juzgados especializados en capacidad e internamientos”, en los que prácticamente se necesita un forense adscrito al órgano judicial, debido a la propia naturaleza de los procedimientos que allí se tramitan.
Una situación similar se produce en los juzgados de Familia, donde los expedientes de Internamientos de menores (778 bis LEC), así como los frecuentes cambios de centros de menores, generan una demanda repetitiva y frecuente de la presencia de médico para practicar reconocimiento. Además, hay que tener en cuenta que cada vez que se cambia al menor de centro (que es muy frecuente e inmediato) y corresponde al Juzgado de Familia de otra zona, tiene que repetirse el reconocimiento por facultativo, ya que, según explican, normalmente el juzgado de destino no tiene conocimiento previo de la situación del menor y hay que reevaluar de nuevo su situación.
“Lo ideal, en este caso, sería que hubiera una mejor coordinación entre la Administración, que es quien está a cargo de los menores, juzgados de Familia y Fiscalía de menores, para optimizar los recursos de que se dispone y evitar iniciar de cero el expediente de un menor cada vez que cambia el Juzgado competente”.
En este sentido, la participación del Instituto en asuntos penales abarca desde la fase de instrucción, fase de juicio oral hasta la ejecución de sentencia. La amplia red de juzgados especializados en el orden penal en Alicante “contribuye significativamente a la sobrecarga del IML”, pues únicamente en Alicante ciudad hay 9 Juzgados de Instrucción, 3 Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, 10 Juzgados de lo Penal, las Secciones Penales 1ª, 2ª ,3ª y 10ª de la Audiencia Provincial y 3 Juzgados de Menores.
Recientemente se ha dictado la nueva Resolución de la DGJ por la que se aprueba el plan de refuerzo de los órganos judiciales en la Comunidad Valenciana para el segundo semestre de 2023, el Instituto de Alicante está reforzado por 2 Médicos Forenses y 1 Tramitador. El incremento de la demanda de solicitudes al Instituto de Medicina Legal es proporcional al incremento de la entrada de asuntos y también al número de Juzgados, (toda vez que se ha anunciado la creación del Juzgado de lo Social 4 de Elche y el Juzgado de lo Penal nº 11 de Alicante).
En este contexto, sostienen que resulta imperativo que los recursos personales y materiales del IML se adecuen a la complejidad y extensión de la planta judicial de Alicante. “La situación de colapso del IML no solo afecta la celeridad de los procedimientos judiciales, sino que también impacta negativamente en la administración de Justicia, en el estado de salud de sus trabajadores y en la percepción de los ciudadanos sobre la eficacia del sistema judicial”.
