Diversas infraestructuras de telecomunicaciones de la Marina Alta se han visto gravemente afectadas por una serie de robos de cableado de cobre, unos hechos que han provocado cortes, daños materiales y situaciones de vulnerabilidad en varias localidades de la comarca alicantina.
Las actuaciones policiales, desarrolladas por el Equipo ROCA de la Calpe, se han saldado con la detención de tres personas y la investigación de otras seis como presuntas responsables de distintos delitos relacionados con la sustracción de grandes cantidades de cobre y material metálico.
Las investigaciones se han llevado a cabo entre los meses de junio y diciembre del pasado año, tras detectarse numerosos cortes y daños en infraestructuras de telecomunicaciones en diferentes municipios de la Marina Alta, lo que dio origen a dos operaciones policiales diferenciadas.
Cortes de cable y daños en parcelas privadas
Una de las actuaciones se inició tras una inspección realizada en Adsubia, donde se localizaron daños en vallados de parcelas privadas y un acopio de unos 400 kilos de cableado de cobre, ya cortado y preparado para su traslado.
Las vigilancias posteriores permitieron identificar a los presuntos autores y los vehículos utilizados, entre ellos una furgoneta de alquiler y un turismo que actuaba como vehículo lanzadera.
Las pesquisas confirmaron que los implicados se desplazaban desde la provincia de Valencia y que habrían sustraído cerca de 1.000 metros de tendido telefónico aéreo, causando importantes perjuicios en propiedades privadas.
Como resultado, se procedió a la detención de tres varones de entre 25 y 38 años en Sueca y València, que quedaron en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial.
Cableado procedente de Benissa y l’Alfàs del Pi
De forma paralela, otra investigación permitió intervenir 2.500 kilos de cableado de cobre de telefonía en un centro de recuperación de metales de Dénia. Las comprobaciones posteriores determinaron que el material procedía de sustracciones cometidas en Benissa y l’Alfàs del Pi, presuntamente realizadas por trabajadores de una empresa de instalaciones de telecomunicaciones.
Según se ha podido establecer, los implicados acudían a realizar trabajos de fibra óptica y aprovechaban estas intervenciones para retirar y sustraer las antiguas líneas de telefonía. Como resultado, han sido investigados cinco trabajadores y el responsable del centro de reciclaje, al que se le atribuyen delitos de receptación y falsedad documental.
Las actuaciones han permitido frenar una actividad delictiva que afectaba de forma directa a infraestructuras críticas de comunicación, con un impacto especialmente relevante en pequeñas poblaciones, que podían quedar temporalmente sin servicio telefónico fijo.
