La Residencia de Recepción Alacant, concebida para atender a 24 niños y adolescentes, ha llegado a albergar hasta 67 menores en una misma jornada, según constata el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en una resolución hecha pública esta semana. El defensor autonómico considera que la sobreocupación se ha convertido en un problema estructural y reclama a la Generalitat una actuación inmediata para adecuar las plazas, las plantillas y las instalaciones a las necesidades reales del centro.
La resolución, firmada el 7 de septiembre, eleva además el tono contra la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. El Síndic anuncia que la declarará «entidad no colaboradora y obstaculizadora» por los retrasos y la negativa a facilitar parte de la documentación solicitada durante la investigación. La Inspección de Trabajo, por su parte, ha detectado incumplimientos en prevención de riesgos laborales que califica como «infracción grave».
La investigación parte de una queja presentada por la Plataforma Estatal de Profesionales del Sector Social. En ella, el colectivo denunciaba que «la plantilla resulta insuficiente en todas las áreas» y que «no existe la figura de enfermería», mientras describía una situación de sobreocupación que generaba «situaciones de hacinamiento, insalubridad y falta de espacios adecuados».
El centro dispone oficialmente de 24 plazas. Sin embargo, cuando técnicos del Síndic visitaron las instalaciones el pasado 8 de julio encontraron a 42 menores y estaba prevista la llegada de otros tres. La información remitida posteriormente por la Conselleria muestra que la residencia ha estado por encima de su capacidad autorizada durante todos los meses analizados desde marzo de 2024.
El expediente recoge picos de 47 y 48 menores durante septiembre de 2025 y marzo y abril de este año. El Síndic añade que posteriormente ha tenido conocimiento de jornadas en las que el centro ha llegado a atender a 67 niños y adolescentes.
Una sobreocupación que el Síndic considera estructural
La Conselleria atribuye parte del incremento reciente al reparto de menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, el Síndic rechaza que esta circunstancia explique por sí sola la saturación.
De los 49 menores que figuraban en uno de los listados analizados, 25 habían ingresado por causas distintas al reparto de menores migrantes, entre ellas situaciones de desamparo, malos tratos o violencia.
Luna recuerda además que existen expedientes anteriores sobre los mismos problemas. A su juicio, «no es aceptable que una situación excepcional de sobreocupación se convierta en estructural», ya que puede afectar a los derechos de los menores y a la seguridad y salud tanto de los usuarios como de los trabajadores.
Según consta en la resolución del Síndic de Greuges, la Fiscalía de Menores ya había advertido del problema tras una visita realizada el 10 de diciembre de 2025. En el acta remitida posteriormente al defensor autonómico, la Fiscalía señaló la necesidad de disponer de más plazas y medios materiales y personales ante una población «muy superior a las plazas asignadas». También describió a menores «apiñados en un espacio del todo insuficiente» y dormitorios individuales o dobles reconvertidos para alojar a más menores mediante camas y literas.
La falta de recursos alternativos también prolonga las estancias. Los profesionales explicaron al Síndic que resulta difícil derivar a los menores porque faltan tanto plazas residenciales como familias acogedoras. «No hay familias, los centros están al completo y plaza que se libera plaza que se ocupa», señalaron durante la investigación.
La plantilla «tendría que ser el doble»
La situación de los trabajadores constituye otro de los principales puntos del expediente. El Servicio de Inspección de Servicios Sociales ya había advertido en noviembre de 2025 de que, debido a la sobreocupación, «la plantilla de educadores tendría que ser el doble de la realmente disponible para cumplir con las ratios establecidas».
La Conselleria comunicó al Síndic un aumento de nueve profesionales de Educación Social. No obstante, la documentación facilitada desde el propio centro refleja dos vacantes de educador social y una de Psicología que se cubre mediante contratos de apenas 21 días.
El Síndic destaca igualmente el elevado porcentaje de personal interino y la temporalidad existente tanto en la dirección como en el equipo técnico. Considera que esta inestabilidad dificulta el seguimiento de los menores y ralentiza las propuestas para trasladarlos a recursos más estables.
La Plataforma Estatal de Profesionales del Sector Social asegura que «los turnos se están cubriendo con rotaciones de cuatro o cinco educadoras de día y dos o tres de noche, independientemente del número de NNAs -niños, niñas y adolescentes- que se atiendan». Además, sostiene que, cuando se producen ausencias inesperadas, «el personal al servicio de la Generalitat llega a atender a una media de 15/20 NNAs sin refuerzo algun
El centro tampoco dispone de personal de enfermería. El Síndic destaca que el Decreto 27/2023 contempla esta figura para los centros de primera acogida y pide que se valore su incorporación a la plantilla.
Trabajo aprecia una infracción grave
A las conclusiones del Síndic se suma la actuación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, que visitó el centro el 7 de abril y emitió su informe el 6 de julio. La Inspección concluye que la Generalitat «no integra adecuadamente la actividad preventiva» y aprecia incumplimientos en la evaluación de riesgos y en la planificación de las medidas de prevención.
La infracción grave no deriva de las obras de rehabilitación. De hecho, durante la visita, Trabajo no identificó exposición a riesgos estructurales vinculados a los trabajos, que se encontraban ya en fase de finalización.
El incumplimiento se centra en la gestión preventiva. La Generalitat no aportó una evaluación de riesgos debidamente firmada por técnico competente ni una planificación preventiva que detallara riesgos, medidas, responsables y medios para corregirlos.
La Inspección presta especial atención a los riesgos psicosociales. Una evaluación realizada en 2019 ya había detectado problemas asociados a las demandas psicológicas del puesto y a las exigencias emocionales del trabajo. Sin embargo, no consta la adopción de medidas suficientes ni un seguimiento posterior de aquella situación.
Trabajo considera estos incumplimientos una infracción «grave» en materia de Seguridad y Salud Laboral y requiere a la Generalitat que realice una nueva evaluación de riesgos y planificación preventiva, revise específicamente los riesgos psicosociales y efectúe nuevas mediciones de temperatura en las zonas potencialmente expuestas.
El requerimiento también tiene en cuenta la finalización de la rehabilitación, ya que las nuevas condiciones del centro deben volver a evaluarse una vez configuradas definitivamente las instalaciones.
Problemas después de una reforma de 2,86 millones
El Síndic también cuestiona el resultado de las obras de rehabilitación realizadas en el centro. El contrato ascendía a 2.861.894,08 euros con impuestos incluidos, pero la actuación se proyectó para una capacidad de alrededor de 23 usuarios.
Durante su visita, los técnicos comprobaron habitaciones con más camas de las previstas, incluidas literas, pese a que la normativa establece que «no está permitido el uso de literas». También detectaron dormitorios en los que «en algunas habitaciones con 4 camas conviven menores de 6-7 años y adolescentes», además de falta de espacio para el mobiliario mínimo previsto, como «mesita de noche y una mesa de estudio y silla».
La resolución recoge igualmente dificultades de privacidad en duchas y baños, acumulaciones de agua, espacios destinados inicialmente a otros usos reconvertidos en almacenes y problemas con el sistema de climatización.
Uno de los puntos que más preocupa al Síndic afecta a una salida de emergencia. Según la información recabada durante la visita, la puerta de salida «actualmente se impide su uso con somieres para evitar la fuga de adolescentes, al no disponer de personal de seguridad 24h», una situación que el propio Síndic considera que «supone un evidente peligro en caso de tener que usarse ante una emergencia».
El defensor también señala deficiencias en armarios, persianas, puertas, accesibilidad y distribución del aire acondicionado. En algunas habitaciones, según recoge la resolución, los menores utilizan edredones incluso durante el verano mientras en otras zonas la refrigeración resulta insuficiente.
La Conselleria será declarada «entidad no colaboradora»
El Síndic dedica una parte especialmente dura de su resolución a la actuación de la Conselleria durante la investigación. La institución solicitó información el 4 de marzo y, aunque Servicios Sociales pidió posteriormente una ampliación del plazo, el informe no llegó hasta el 28 de julio, «3 meses después del plazo establecido tras la ampliación de plazo concedida». El defensor autonómico añade que la respuesta fue «cuanto menos, incompleta», al eludir algunas de las cuestiones planteadas.
El conflicto aumentó cuando la Conselleria rechazó facilitar determinados informes sobre visitas realizadas por la Dirección Territorial alegando motivos de confidencialidad. El Síndic considera que esa negativa «no está debidamente motivada» y recuerda que la Administración «debe facilitar el acceso a los expedientes, los datos, los informes y cuanta documentación les sea solicitada».
Por ello, anuncia que declarará a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia «entidad no colaboradora y obstaculizadora de las actuaciones del Síndic». Esta circunstancia podrá quedar reflejada en sus informes ante Les Corts Valencianes.
17 medidas para cambiar la situación
La resolución del Síndic de Greuges formula 17 consideraciones, recomendaciones y sugerencias dirigidas a la Generalitat. Entre ellas figuran planificar más recursos de acogida, impulsar alternativas al alojamiento residencial, aumentar las familias acogedoras y ajustar las plantillas al número real de menores atendidos.
El Síndic pide también garantizar las ratios profesionales, mantener los refuerzos mientras persista la sobreocupación, incorporar personal estable a los equipos técnicos y estudiar la creación de una plaza de enfermería.
Además, reclama solucionar las deficiencias aparecidas después de las obras y corregir los incumplimientos relativos a habitaciones, baños y distribución de espacios.
La Plataforma Estatal de Profesionales del Sector Social considera que la resolución confirma las denuncias realizadas durante los últimos años y exige que las medidas «no queden nuevamente en declaraciones de intenciones». El colectivo también ha presentado una queja por la situación del Centro de Recepción y Acogida Verge de Lledó de Castellón.
La Generalitat dispone ahora de un mes para comunicar al Síndic si acepta sus consideraciones. En caso afirmativo, tendrá que explicar qué medidas adoptará para cumplirlas; si las rechaza, deberá justificar su decisión.
