La investigación contra una supuesta organización criminal dedicada a introducir migrantes de forma irregular en España ha culminado, hasta el momento, con siete personas detenidas, seis de ellas en la provincia de Alicante y una en Marsella, en Francia. La red estaba presuntamente asentada en territorio alicantino y habría utilizado embarcaciones semirrígidas de gran potencia para trasladar a ciudadanos extracomunitarios, principalmente argelinos, a través de las costas de Alicante, Murcia y Almería.
Los arrestados son siete hombres de nacionalidad argelina y libia, con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, a quienes se atribuye la presunta autoría de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, contrabando y delitos contra el patrimonio, entre otros.
La operación, denominada Barón-Galón, ha incluido tres registros domiciliarios, dos en la ciudad de Alicante y uno en Santa Pola, donde los investigadores han intervenido documentación, dinero y varios teléfonos móviles relacionados con el entramado delictivo.
Una estructura asentada en Alicante
La investigación se inició a mediados de 2025, cuando los agentes comenzaron a seguir la pista de varios ciudadanos argelinos que, al parecer, facilitaban la logística y el personal necesario para introducir de forma irregular a compatriotas por las costas del sureste peninsular.
Según la investigación, los integrantes de la red estaban asentados en la provincia de Alicante y se habrían coordinado para cometer distintos delitos con el objetivo final de facilitar la entrada ilegal de personas en territorio español.
El principal método empleado eran las llamadas pateras taxi, embarcaciones semirrígidas equipadas con motores de gran potencia. Con ellas, la organización presuntamente trasladaba a los migrantes hasta distintos puntos de la costa.
Embarcaciones sustraídas y conexiones internacionales
Los investigadores han averiguado que algunas de las embarcaciones utilizadas tenían una procedencia ilícita. Parte de ellas habrían sido sustraídas en España y Francia, mientras que otras habrían sido obtenidas mediante documentación falsa o contratos de alquiler.
La red también contaba, presuntamente, con personas dedicadas a tareas logísticas. Estas funciones incluían el suministro de combustible, el alojamiento y el desplazamiento de los patrones de las lanchas. Además, el grupo vigilaba puertos, localizaba embarcaciones que pudieran servir para sus fines y seleccionaba lugares considerados seguros para la llegada de las lanchas.
La dimensión transnacional de la organización ha llevado a coordinar la investigación con cuerpos policiales europeos. La red mantenía conexiones principalmente en Francia, relacionadas con la adquisición de embarcaciones y vehículos que posteriormente eran utilizados en España.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
