La juez Iris Valero ha sobreseído provisionalmente la querella presentada por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) contra el alcalde de Crevillent (Alicante), César Augusto Asencio (PP), en relación con la planta de tratamiento de residuos de esa localidad.
“De lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, según expone la titular del juzgado de Instrucción 4 de Elche, en un auto al que ha tenido acceso hoy Efe.
Tanto Asencio, que es también vicepresidente segundo de la Diputación de Alicante, como el administrador de la empresa adjudicataria de la planta de basuras, Abornasa, declararon como investigados (antes imputados) por esta causa el pasado 22 de diciembre.
Sin embargo, la juez Valero ha decretado ahora el sobreseimiento provisional de las diligencias tras “descartar responsabilidad alguna en un delito contra el medio ambiente” por la instalación de la citada planta en Crevillent. “La competencia para resolver sobre ello está sujeta a la supervisión de los órganos técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente y no solo del ayuntamiento (que no de su alcalde)”, recoge el auto.
Además, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha determinado que la instalación “no se encuentra en suelo especialmente protegido”.
La magistrada tampoco aprecia indicios de un delito de prevaricación administrativa en la actuación del alcalde de Crevillent, ya que la misma sentencia recoge que no se puede “tachar de incorrecta” la actuación del consistorio en la adjudicación.
La juez señala que debe “poner en entredicho” la declaración incriminatoria prestada como testigo por un antiguo interventor municipal del ayuntamiento, Fernando Urruticoechea, que es, a su vez, presidente de honor de la entidad querellante.
Según el auto, que puede ser recurrido tanto en reforma, ante el propio juzgado, como en apelación, ante la Audiencia Provincial, sus manifestaciones sobre posibles irregularidades se contradicen con un informe elaborado por otro interventor en febrero de 2016.
Igualmente, chocan con el criterio mantenido en este caso por la secretaria y el tesorero del ayuntamiento y con el de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial. La juez recuerda que Urruticoechea mantuvo discrepancias con Asencio cuando trabajó en el consistorio motivadas por su intención de desarrollar parte de su trabajo desde su casa. El testigo sostiene que esas discrepancias dieron lugar a “una situación de acoso” por parte del alcalde de Crevillent.
No obstante, según su propia versión, ha sufrido acosos similares en otros ayuntamientos españoles donde ha desarrollado su labor, como Orihuela (Alicante), Castro Urdiales (Cantabria) y Galdakao (Vizcaya). En Castro Urdiales ya presentó una denuncia por prevaricación que fue finalmente archivada, lo que, a juicio de la magistrada, puede ser entendido “como un indebido exceso de celo en la función fiscalizadora que le es propia”.
