La Comunitat Valenciana se ha situado este año entre las autonomías con menor grado de privatización de la sanidad, con un índice 19 frente al 26 del año pasado, aunque cada valenciano ha destinado ya 210 euros anuales a seguros privados, casi un 78 % más que en 2014, según el 12 informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
El estudio, presentado este martes, analiza el peso de la sanidad privada en todas las comunidades autónomas. Para ello combina distintos indicadores económicos y asistenciales, y elabora un índice de privatización general que permite comparar la evolución desde 2014.
En ese ranking, la Comunitat Valenciana alcanza un nivel 19, igual que Cantabria y Castilla-La Mancha. Solo presentan menos peso del sector privado Castilla y León (18,5), Extremadura (17,5), Murcia (15) y La Rioja (14,5).
Madrid vuelve a liderar, por duodécimo año consecutivo, la lista de comunidades con mayor presencia de la sanidad privada. A continuación se sitúan Baleares y Cataluña, que también repiten en las primeras posiciones. Además, el informe destaca que Asturias, junto con Extremadura y Castilla-La Mancha, ha registrado los mayores incrementos de privatización desde 2014, hasta casi duplicar sus niveles.
Por el contrario, Andalucía ha reducido su grado de privatización respecto al año pasado. Sin embargo, el documento aclara que este descenso se debe sobre todo a cambios en las asignaciones presupuestarias, y no a una reversión estructural de conciertos o concesiones.
Críticas de FADSP al avance del modelo privado
El portavoz de FADSP, Sergio Fernández, ha señalado que, aunque algunas comunidades presentan mejores resultados que otras, ninguna alcanza una situación plenamente satisfactoria. En sus palabras, ‘hay comunidades que salen mejor y peor, eso no significa que la situación sea buena en ninguna de ellas’.
Fernández ha advertido de que ‘la privatización está presente en todas’. A su juicio, ‘lo único que cambia es su intensidad y las fórmulas que utiliza cada comunidad’, lo que incluye desde conciertos puntuales hasta modelos de gestión integral de hospitales.
Por su parte, José Manuel Aranda, presidente de la Asociación de Sanidad Pública de Baleares, ha atribuido el incremento de la privatización a determinadas fuerzas políticas. Según ha denunciado, detrás de esta expansión están ‘el Partido Popular y Vox, PNV, Junts, Coalición Canaria, que están estimulando la colaboración público-privada a través de conciertos, concesiones administrativas’.
Aranda ha recordado, no obstante, que la sanidad pública española se mantiene, según la Organización Mundial de la Salud, entre las diez mejores del mundo. ‘Seguimos teniendo la joya, lo que hay que procurar es que esto no siga adelante’, ha afirmado en referencia al avance del sector privado.
El presidente de la asociación balear ha recalcado que ‘privatizar mata’, una expresión que ha vinculado a diversos estudios. Entre ellos ha citado el análisis sobre el sistema de salud británico, que ha relacionado la externalización al sector privado con un aumento significativo de la mortalidad evitable entre 2013 y 2020.
Cómo mide el informe la privatización sanitaria
El informe de FADSP calcula un grado de privatización general de 21,8 puntos para el conjunto de España. Para llegar a esa cifra, tiene en cuenta varias vías de transferencia de recursos públicos y privados hacia empresas sanitarias.
En concreto, evalúa el dinero público que se transfiere a compañías privadas por la compra de servicios, lo que se conoce como outsourcing. También incorpora las concesiones administrativas para la gestión de centros de titularidad pública, como el modelo aplicado en el hospital de Torrejón.
Además, incluye las cantidades que el Estado destina a aseguradoras privadas para cubrir la atención sanitaria de los funcionarios de MUFACE, MUGEJU e ISFAS. Finalmente, suma la compra directa de servicios sanitarios privados mediante seguros voluntarios y el gasto de bolsillo de las familias.
Con estos parámetros, varias autonomías superan con claridad la media nacional de 21,8 puntos. Madrid encabeza la clasificación, con 34, seguida de Baleares y Cataluña, ambas con 28. A continuación aparecen Canarias, con 26, el País Vasco, con 24, Asturias, con 23,5, y Aragón y Galicia, con 22.
En el grupo de menor privatización se sitúan Andalucía y Navarra, con 20,5 puntos, además de Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, que comparten ese índice 19. Por debajo se encuentran Castilla y León (18,5), Extremadura (17,5), Murcia (15) y La Rioja (14,5).
El estudio subraya, más allá de los valores actuales, las comunidades donde la privatización ha crecido con más intensidad desde 2014. Lidera este apartado Asturias, con un aumento del 95,8 %. Le siguen Extremadura, con un 94,4 %, y Castilla-La Mancha, con un 90 %.
Más gasto en seguros privados y en bolsillo familiar
El informe detalla también el crecimiento del gasto en seguros médicos privados desde 2014. De media, cada persona en España ha pasado de dedicar 115,94 euros al año a superar los 210 en 2026, lo que supone un incremento del 81 %.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, el gasto per cápita en seguros privados ha alcanzado esos 210 euros en 2026. En 2014 era de 118 euros, por lo que el desembolso se ha incrementado casi un 78 % en doce años.
Fernández ha vinculado estos datos a las dificultades de acceso a la sanidad pública. Según ha denunciado, ‘detrás de esos porcentajes existe una realidad que conocemos bien, y es que cada vez hay más gente que acaba pagando para conseguir una atención que no encuentra a tiempo en el sistema sanitario público’.
La subida del gasto en seguros se ha producido en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, el aumento ha sido especialmente intenso en Asturias, con un 147,4 %, Navarra, con un 146,9 %, y Andalucía, con un 115,5 %.
Si se analiza la cantidad absoluta destinada a seguros médicos, los madrileños son quienes más pagan, con 381 euros anuales por persona. Les siguen los catalanes, con 312 euros, y los baleares, con 304.
En el extremo opuesto de la tabla, los navarros apenas han desembolsado 121 euros. Tras ellos se sitúan los murcianos, con 132, y los cántabros, con 139, lo que refleja una implantación menor del seguro privado en estos territorios.
El documento también analiza los denominados gastos de bolsillo, es decir, el dinero que los hogares dedican a servicios no cubiertos por la sanidad pública, como la odontología, determinadas pruebas o tratamientos complementarios.
Los habitantes de Castilla-La Mancha han asumido los mayores gastos de bolsillo de toda España, con 638,3 euros por persona. Muy cerca quedan los asturianos, con 625,3 euros, y los aragoneses, con 623,6.
En cuanto a la evolución, Castilla-La Mancha vuelve a encabezar el incremento de estos desembolsos, que casi se han duplicado, con una subida del 96,3 %. Baleares aparece en segundo lugar, con un aumento del 75,3 %, seguida de Canarias, con un 73,5 %.
En conjunto, el informe de FADSP dibuja un escenario en el que la presencia de la sanidad privada ha avanzado en todas las autonomías, aunque con distintos ritmos. La Comunitat Valenciana se mantiene entre las regiones con menor grado de privatización, pero ha visto crecer de forma importante el gasto ciudadano en seguros médicos, lo que refleja la presión sobre el sistema público y la búsqueda de alternativas para ser atendido en menos tiempo.
