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Piden 11 meses de prisión por negarse a llevar a sus hijos al colegio

Un matrimonio se negó a llevar al colegio a sus hijos de 11 y 15 años por temor a que contrajesen el coronavirus.

La Fiscalía solicita una pena de once meses de cárcel para un matrimonio de la localidad de Cangas del Narcea que se ha negado a llevar a clase a sus dos hijos, de 11 y 15 años, por temor a que contrajesen el Covid-19.

Según el escrito del juzgado, los padres se negaron a que sus dos hijos asistieran a sus respectivos centros escolares, donde iban a cursar segundo de la ESO y quinto de Primaria.

La Fiscalía incide en que los centros escolares informaron a los padres en sucesivos requerimientos, sin que cambiaran su actitud, de las consecuencias de su persistente absentismo escolar y de la activación del protocolo correspondiente por parte de la Consejería de Educación.

Los padres consideraban que la distancia social impuesta genera “sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones, dificulta la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras”.

Por otra parte, el matrimonio afirmaba que la visión continuada de personas con mascarillas, a las que no se les puede ver la expresión de gestos y emociones “fundamentales para una correcta comunicación verbal y no verbal”, obstaculiza la misma entre compañeros y profesorado.

La Fiscalía asegura en su escrito que los acusados incumplieron de manera grave los deberes inherentes a la patria potestad al inscribir a sus hijos en una escuela a distancia de otro país pese a saber que no está homologada en España y conociendo la obligación de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral.

El 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía de Menores les requirió de nuevo para la escolarización de sus hijos y les advirtió de que su incumplimiento podría ser constitutivo de un delito de abandono de familia, así como de otro de desobediencia grave en caso de desoír el mandato de reincorporar a los niños a sus centros escolares.

Sin embargo, los acusados no modificaron su postura lo que ha llevado a la Fiscalía a imputarles su presunta autoría en un delito de abandono de familia y otro de desobediencia grave.

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