El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el amparo del Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia que impone el pago de más de 350 millones a propietarios de suelo no urbanizado del parque natural de Serra Gelada. El movimiento ha encendido el pulso político en el consistorio, con PP y PSOE cruzando reproches y solicitudes de dimisión.
La inadmisión cierra la vía del amparo y ha obligado al gobierno local a mirar cómo afrontar un fallo de enorme impacto económico. La cuantía, ligada a terrenos que quedaron fuera del desarrollo urbanístico tras la protección ambiental, condiciona la planificación municipal y ha puesto sobre la mesa la necesidad de decidir entre negociar con los dueños o preparar un calendario para asumir la condena.
Desde el ejecutivo municipal, la portavoz Lourdes Caselles ha respondido a la petición socialista de dimisión del alcalde, Toni Pérez, alegando que, con los argumentos del PSOE, quien debería asumir responsabilidades es la portavoz socialista, Cristina Escoda, por no haberse opuesto a las decisiones adoptadas en todo el procedimiento. Caselles sostiene que todos los recursos y actuaciones legales han sido validados en la Junta de Portavoces, donde participa Escoda, y afirma que el PSOE no planteó alternativas a las directrices de los servicios jurídicos.
Choque político por la sentencia
La portavoz popular ha asegurado que el PP no ha cambiado su postura respecto a Serra Gelada. Tras la declaración del parque natural en 2005, recuerda que su partido dejó de renovar los convenios urbanísticos firmados en 2003 y atribuye al PSOE las renovaciones posteriores de 2010 y 2013, pese a las dudas jurídicas que, según defiende, ya existían.
El PSOE, por boca del portavoz adjunto Sergi Castillo, ha replicado reclamando que se explique el cambio de hoja de ruta impulsado por Toni Pérez desde 2015, una decisión que, a su juicio, ha conducido a una situación cercana a la quiebra técnica con una sentencia inasumible durante generaciones. Castillo ha señalado que fue el PP quien firmó los convenios de 2003 y los defendió durante años para esquivar una indemnización millonaria, y acusa al actual gobierno local de imponer otra estrategia sin buscar el interés general. También rebate el argumento sobre la Junta de Portavoces, que describe como un órgano meramente consultivo en el que no se vota.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia en mayo de 2024, el grupo socialista ha expuesto que apostó por explorar un acercamiento con los propietarios para reducir el impacto económico. Caselles, en cambio, ha explicado que el alcalde ofreció al PSOE liderar esa negociación y que la formación declinó, motivo por el que rechaza que se responsabilice al PP de la falta de acuerdo.
La tensión se mantiene tras la decisión del Constitucional. Mientras PP y PSOE se acusan de falta de transparencia y de adoptar decisiones contrarias al interés general, el Ayuntamiento queda ante un escenario en el que o bien alcanza un pacto con los dueños de los terrenos o bien diseña una forma de cumplimiento que no ponga en riesgo los servicios y las inversiones municipales, extremos que ambos partidos han situado en el centro del debate.
