El secretario general del Partido Popular de laprovincia de Alicante, Toni Pérez, anuncia el inicio de una campaña de recogidas de firmas por internet y en las sedes locales para respaldar el Proyecto de Ley orgánica contra la ocupación ilegal de viviendas y en defensa de la propiedad privada que presentará el PP en las Cortes Generales, ante una situación que requiere soluciones inmediatas, y que sacaría a los okupas en tan sólo 12 horas.
Toni Pérez recuerda que “el Gobierno de España, el de Sánchez e Iglesias, considera que la ocupación no es problema para los españoles, sin tener en cuenta que Más de 40 viviendas son ocupadas en toda. España cada día, 3.700 en lo que llevamos de año, el triple que en el año 2005.”
“Son muchos los alcaldes y portavoces de toda la provincia que están reclamando medidas más agiles y accesibles ante el aumento de casos en sus municipios. Es un tema que preocupa a vecinos y alcaldes de todos los partidos. La provincia de Alicante cuenta con un gran número de viviendas de segunda residencia, dato que hacer aumentar la preocupación de sus propietarios ante la inseguridad jurídica que hoy rige este país.” Ha declarado el Secretario General.
“Defender estas medidas es también defender el turismo de nuestra provincia, necesitamos que los propietarios de las segundas residencias se sientan seguros y sepan que se defiende la propiedad privada como pilar fundamental de nuestra democracia.”
“Para Ximo Puig parece que tampoco es un problema”, añade el secretario general de los populares alicantinos, pese a que “en la Comunidad Valenciana hay 1.305 viviendas ocupadas ilegalmente, somos la segunda comunidad de España en número de desahucios y además este Consell ha recortado en los dos últimos años, más de 45 millones de euros en vivienda que es tanto como confiscar derechos en el peor momento”.
Los datos en la Comunidad Valenciana son ciertamente “muy preocupantes”. Las denuncias por ocupación ilegal de viviendas han aumentado un 14,11% en el último año, y un 39,5% entre 2015 y 2019 que en el caso de la provincia de Alicante este incremento llega al 70%.
El secretario general del PP recuerda que “la ocupación es un problema de las clases medias, trabajadoras y humildes, que necesitan que administraciones, policía, jueces y fiscales les garanticen su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda. Igual que no se puede robar un coche, no se pude ocupar una vivienda”.
Este Proyecto de Ley orgánica que presenta el PP contra la ocupación ilegal sacaría a los ocupas en tan sólo 12 horas y pondría cerco a las mafias, los violentos y ahorrará muchos sufrimientos a los afectados y recursos a la Administración.
El Proyecto de Ley se basa en 5 ejes:
- Que el ocupante ilegal de una vivienda o bien inmueble no goce de la protección como morada o domicilio, como su legítimo propietario o usuario, frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes.
- Que se establezca un plazo máximo de desalojo voluntario de un inmueble por parte de quien realiza una ocupación ilegal de 12 a 24 horas desde que ha sido requerido para su desocupación por la autoridad pública o sus agentes. Si no se produce ese desalojo voluntario en el indicado plazo, se produzca el lanzamiento inmediato por parte de la autoridad pública o sus agentes a su conclusión.
- Que no se permitan empadronamientos de personas que hayan ocupado de forma ilegal y, de haberse realizado, se considere nula, no constituya prueba de su domicilio ni atribuya ningún derecho.
- Que se aumenten las penas del código penal relativas al allanamiento de morada y la usurpación (recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión penas de 3 años de cárcel para los ocupas)
- Que tanto las comunidades de propietarios, como las personas. jurídicas, puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales e impulsar estos desalojos.
El Grupo parlamentario popular también ha presentado en las Cortes Valencianas una Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre establecimiento de normas que contribuyan a evitar la ocupación ilegal que recoge las medidas de la proposición de ley del Congreso, anteriormente detalladas.
