El juez Juan Carlos Peinado ha acordado cerrar la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y propone juzgarla por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En la misma resolución, el instructor dirige también el procedimiento contra la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez, por esos mismos delitos, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, en su caso por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La decisión llega cuando se cumplen dos años desde la apertura de la causa, iniciada en abril de 2024, y abre ahora un plazo de cinco días para que las partes personadas soliciten lo que consideren oportuno respecto a la apertura de juicio oral y presenten, en su caso, sus escritos de conclusiones provisionales. El procedimiento podría seguir por la vía del jurado popular, tal y como ya había acordado el instructor en esta causa.
Archivado el intrusismo profesional
En su auto, Peinado deja fuera finalmente el delito de intrusismo profesional, al considerar que no existen indicios suficientemente sólidos para mantener esa línea de acusación. El magistrado entiende en este punto que no concurren elementos suficientemente consistentes como para sostener esa imputación.
La investigación sobre la cátedra y las relaciones institucionales
Uno de los ejes de la resolución judicial se centra en la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid y en la creación de su cátedra. El juez aprecia indicios para sostener la acusación de tráfico de influencias al entender que pudo existir un aprovechamiento de su posición relacional por su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer determinados proyectos vinculados a esa actividad académica.
El auto también mantiene la línea de investigación sobre la captación de fondos privados y la posible existencia de ventajas competitivas para empresas relacionadas con el empresario Juan Carlos Barrabés, una de las cuestiones que sustentan la imputación por corrupción en los negocios. En paralelo, el juez sigue apreciando indicios de malversación por el papel atribuido a Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y de apropiación indebida en relación con el software desarrollado en el marco del proyecto universitario.
Reacción del Gobierno
Tras conocerse la resolución, el Gobierno ha mostrado su rechazo al contenido del auto y a la actuación del instructor. Desde Moncloa se ha cuestionado la instrucción y se ha expresado la confianza en que instancias judiciales superiores puedan revisar las decisiones adoptadas en esta causa.
La investigación había sido prorrogada hasta abril de 2026 y durante su tramitación acumuló varios frentes relacionados con la actividad profesional de Gómez, su entorno en Moncloa y su vinculación con empresarios y proyectos universitarios.
