La ciudadanía de la Vega Baja cuenta ya con un nuevo espacio protegido: la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor han sido declaradas parque natural por el Consell, mediante un decreto que ha establecido un régimen especial de protección sobre este enclave de alto valor ambiental situado en los términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada.
La declaración ha fijado un marco jurídico específico para este territorio, de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana y con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, que el propio Consell aprobó en febrero de 2026.
Este PORN se ha configurado como el instrumento central de ordenación ambiental del ámbito. Tiene carácter obligatorio y ejecutivo en todo lo que afecta a la conservación de la flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje y los recursos naturales. Además, prevalece sobre otros instrumentos de ordenación territorial o urbanística vigentes en la zona.
El documento también ha establecido el marco de protección y ordenación del espacio protegido. Dentro de ese marco, ha delimitado la denominada Zona I de Alto Valor Ambiental, donde se concentran los elementos naturales más sensibles y, por tanto, las restricciones de uso son más estrictas.
Objetivos de conservación y uso sostenible
El objetivo principal de la declaración ha sido garantizar la conservación y mejora de los valores naturales del territorio. Para ello, se han incluido medidas dirigidas a proteger sus ecosistemas, hábitats, biodiversidad y geodiversidad, así como a favorecer la conectividad ecológica del espacio con otras áreas naturales cercanas.
El régimen de protección persigue también compatibilizar la conservación del patrimonio natural con los usos y actividades tradicionales que ya se realizan en la zona. De este modo, el decreto ha buscado que la protección ambiental no rompa la vida cotidiana del entorno rural, sino que la oriente hacia un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible.
En la práctica, esto supondrá revisar y ordenar actividades como la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal o ciertas modalidades de ocio en la naturaleza. La idea es que estas prácticas se mantengan, pero adaptadas a unos criterios que aseguren la preservación de los valores ambientales a largo plazo.
Gestión del parque natural
La gestión del nuevo parque corresponderá a la conselleria competente en materia de medio ambiente. Este departamento elaborará un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que actuará como herramienta básica para ordenar las actividades vinculadas al uso público, la investigación científica y la conservación, protección y mejora de los valores ambientales del espacio.
El PRUG concretará qué actividades están permitidas, bajo qué condiciones y en qué zonas. También determinará los criterios para la visita pública, la señalización, la educación ambiental o la regulación de los accesos, con el fin de evitar impactos negativos sobre los hábitats más frágiles.
El decreto ha previsto, además, la creación de la junta rectora del parque natural. Este órgano funcionará como espacio de participación y asesoramiento en la gestión del enclave. Contará con representación de las distintas administraciones implicadas y de los colectivos y entidades vinculados al parque, como asociaciones locales, organizaciones ambientales o representantes de los sectores productivos del territorio.
Según la norma, la junta rectora permitirá canalizar las aportaciones de los agentes del entorno. Así se pretende que las decisiones de gestión tengan en cuenta tanto las necesidades de conservación como la realidad social y económica de los municipios afectados.
En el plano económico, la declaración no ha supuesto un incremento automático de los capítulos de gasto de la Generalitat. No obstante, el decreto ha dejado la puerta abierta a que otras administraciones y entidades interesadas puedan realizar aportaciones para colaborar en la financiación de la gestión del espacio protegido.
Estas posibles aportaciones externas podrán traducirse en proyectos concretos, como actuaciones de restauración ambiental, mejora de infraestructuras de uso público o programas de educación y sensibilización dirigidos a la población local y a las personas visitantes.
