El empresario Enrique Ortiz ha llegado a un acuerdo con todas las acusaciones en la causa abierta por las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) en el que admite estos pactos en la tramitación del proyecto a cambio de no ingresar en prisión.
El acuerdo se ha cerrado ante la proximidad del juicio, que en principio está previsto para el mes de junio. De esta forma, acepta una condena por penas que suman dos años de prisión: año y medio y una multa de 356.528 euros por un delito de soborno, y seis meses más y 526.261 euros de multa por tráfico de influencias. También acepta pagar una responsabilidad civil de 713.000 euros.
En el acuerdo se han sumado un hermano del empresario, Virgilio Ortiz, y uno de sus empleados, Santiago Bernáldez, que han aceptado una pena de tres meses de prisión y 80.000 euros de multa cada uno por un delito de soborno.
Enrique Ortiz deja en una situación extrema a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, que también son juzgados por la filtración de información privilegiada del plan urbanístico de la ciudad cuando todavía no era público. A cambio de regalos, viajes y dinero en metálico, habrían beneficiado a las empresas de Ortiz.
