La Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante (FOPA) ha lamentado la actual situación que augura un nuevo ejercicio en 2026 sin Presupuestos del Estado, que deja a la provincia a la cola de España en inversión. Si se materializa esta presumible prórroga del PGE se generará un “quinquenio negro” en materia de inversión en el territorio, que se arrastra desde antes de 2023, fecha de las últimas cuentas. El plazo de presentación del anteproyecto del PGE de 2026 termina mañana, lo que permite deducir la dificultad de aprobar en tiempo las cuentas del próximo año. Para FOPA, esto supondrá “un golpe a la productividad” de la provincia de Alicante para las próximas décadas. Además, lamenta la tendencia generalizada a la baja de las licitaciones públicas en materia de infraestructuras, tanto del Gobierno Central como de la administración autonómica.
El presidente de FOPA, Javier Gisbert, considera que estas dos coincidencias pueden ser un “golpe a medio y largo plazo” a la productividad empresarial y a las oportunidades de la provincia de Alicante, que viene arrastrando severos problemas en materia de infraestructuras y de adaptación de sus sistemas de comunicación con respecto al resto de provincias y frente a sus competidores europeos. FOPA califica de “inaguantable esta situación que se trata como anecdótica, sin darle la importancia social y económica que en verdad supone. No se trata del día de hoy, se trata de que no hay apuesta de futuro para nuestra provincia, mientras el resto del mundo sí se está preparando para otras situaciones económicas. Una situación que pagaremos décadas, tiempo necesario para recuperar el tiempo perdido en este quinquenio negro”, alertó Gisbert.
Las empresas del sector en la provincia de Alicante consideran que una prórroga de los presupuestos de 2023 para atender las necesidades de 2026 será “un lastre importante a medio y largo plazo, supondrá la pérdida de oportunidades y – lo que es más importante – evitará que la provincia se prepare para los futuros ciclos económicos, especialmente para cuando los datos macro no sean positivos”. Desde su punto de vista, “existe una miopía política que no es consciente de los riesgos de trabajar en precario, sin presupuestos durante toda una legislatura, que tiene un efecto social y económico que no se contabiliza”, ha apuntado Gisbert.
Además, recuerda que en la provincia – como en el resto de la Comunitat – invertir en obra pública supone trabajar en seguridad, en protección, en la reducción de riesgos y en salvar vidas ante fenómenos climáticos cada vez más virulentos”. Esta situación es más grave en la provincia de Alicante como consecuencia del déficit en inversión que sufre cada año en los Presupuestos Generales del Estado, que la sitúan como la última provincia desde 2022.
Licitaciones a la baja
Otra de las preocupaciones de la Federación alicantina son los bajos ritmos de licitaciones de obras, que se han reducido con respecto a los años anteriores, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma. “Son datos preocupantes, que permite deducir que no hay un impulso por no perder el tren de la conectividad, la seguridad y la generación de infraestructuras destinadas a la mejora de la sociedad, que permita una movilidad urbana más sostenible y mejores condiciones para el tejido empresarial de nuestra provincia”, ha comentado.
Los datos de licitación del primer semestre en la provincia de Alicante sitúan la cifra en 37.639 millones por parte del Estado, frente a los 122.292 del mismo periodo en el año anterior. En el caso de la Generalitat Valenciana, la cifra hasta junio de este año es de 29.596 millones, cuando en 2024 se superó los 71.193 millones. No obstante, para el sector de la Obra Pública existe una mayor preocupación sobre la ejecución de estas licitaciones de los cuales no hay referencias objetivas disponibles, pero que se teme que sean cifras muy por debajo.
