La revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) ha incrementado más de un 60 % la superficie considerada de riesgo en las zonas afectadas por la última dana, un cambio que afectará de forma directa a 51 municipios y que ya ha iniciado su trámite de aprobación.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha detallado esta primera fase del nuevo Patricova ante alrededor de medio centenar de alcaldes y representantes de localidades que han sufrido inundaciones recientes o están especialmente expuestas a este peligro.
En la presentación han participado también el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, la secretaria autonómica de Medioambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo, y el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra. Junto a ellos ha intervenido Félix Francés, responsable del Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental de la Universitat Politècnica de València (UPV), uno de los principales encargados de la revisión junto con equipos técnicos de la Generalitat.
Según ha avanzado Martínez Mus, el anuncio oficial de la revisión del plan se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) este viernes 16 de octubre. A partir de ese momento se abrirá el periodo de información pública, durante el cual ayuntamientos, entidades y ciudadanía podrán presentar aportaciones antes de la aprobación definitiva.
En paralelo, la Generalitat notificará el proceso a los municipios afectados y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ya ha participado en los trabajos previos. Una vez superados estos trámites, la Conselleria dictará la resolución de aprobación de esta revisión del Patricova.
El vicepresidente tercero ha recordado que la última dana ‘evidenció que la realidad de la inundación superó los escenarios que reflejaban nuestras cartografías de riesgo’. Los estudios incorporados al plan han confirmado que episodios de esa magnitud se producen aproximadamente una vez cada 1.000 o 2.000 años.
Martínez Mus ha subrayado, no obstante, que ‘lo improbable no significa imposible y la planificación territorial debe estar preparada también para esos escenarios’. Por ello, ha defendido que era necesario revisar las hipótesis de partida, actualizar los datos disponibles y mejorar las herramientas de análisis para orientar de forma más precisa las decisiones públicas.
Niveles de riesgo y municipios más afectados
Con el objetivo de conocer mejor el peligro real de inundación, los estudios se han centrado en cuatro ámbitos especialmente castigados por las lluvias de 2024: el Alto Magro, el Bajo Magro, los barrancos de l’Horta Sud y el Bajo Turia, aguas abajo del embalse de Loriguilla. En estas zonas se concentran muchos de los episodios más graves que ha registrado la Comunitat Valenciana en la última dana.
Los trabajos de detalle han abarcado 51 municipios, aunque el análisis se ha ampliado de algún modo a un total de 85 localidades incluidas en la relación facilitada por la Generalitat. Esto ofrece una radiografía mucho más precisa de cómo afecta el agua a los núcleos urbanos, polígonos y zonas rurales.
El nuevo estudio combina datos de precipitaciones extremas, caudales, modelización hidráulica, características físicas del territorio y situación del planeamiento urbanístico vigente. Además, se han evaluado posibles actuaciones hidráulicas y de restauración hidrológico forestal, tanto en las áreas más pobladas como en el interior, donde la peligrosidad también aumenta, aunque de forma más moderada.
La cartografía actualizada incorpora escenarios con periodos de retorno de 25, 100, 500 y 2.000 años, lo que permite simular tanto inundaciones frecuentes como episodios excepcionales. Sobre esa base, el plan establece siete niveles de peligrosidad y define distintas restricciones al uso del suelo en función de cada categoría.
Para mejorar la representación de los episodios extremos, el equipo de la UPV ha analizado 11.720 datos procedentes de 1.090 pluviómetros distribuidos por el territorio. Esta base de información ha permitido afinar los modelos y ajustar la cartografía de riesgo a lo que realmente ha ocurrido durante la dana.
Según ha señalado Martínez Mus, los estudios realizados ‘confirman la necesidad de intervenir en las cuencas de manera integral, combinando infraestructuras hidráulicas como las obras de encauzamiento que corresponden al Gobierno, restauración hidrológico forestal y soluciones basadas en la naturaleza’. El vicepresidente ha añadido que ‘parte de estas últimas actuaciones ya las ha asumido la Generalitat’ mediante futuros parques inundables y actuaciones de limpieza de cañas.
Integrar el riesgo en el urbanismo
Durante la exposición de resultados se ha puesto de relieve que la integración del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico municipal ‘sigue siendo parcial y desigual’. Esta situación genera diferencias importantes entre municipios a la hora de prevenir daños y ordenar su crecimiento.
Los técnicos han explicado que, de los 74 municipios evaluados, solo 12 han adaptado ya su Plan General Estructural al actual marco de riesgo. En otros 31 casos, la gestión de las inundaciones se aborda en fases avanzadas del desarrollo urbanístico, cuando muchas decisiones territoriales ya están tomadas y resulta más difícil rectificar.
Por este motivo, Martínez Mus considera necesario ‘avanzar hacia criterios más homogéneos e incorporar la prevención desde el principio’. Esto implica tener en cuenta la nueva cartografía de peligrosidad antes de aprobar nuevos desarrollos residenciales, industriales o de infraestructuras.
En la reunión se ha constatado un amplio consenso sobre la conveniencia de prestar especial atención a las zonas afectadas por la dana. También se ha respaldado aplicar el principio de cautela cuando las nuevas evidencias científicas revelan riesgos que no estaban suficientemente identificados en el planeamiento anterior.
Los resultados de esta primera fase ofrecen a los ayuntamientos una base técnica más precisa para orientar sus decisiones urbanísticas, de protección civil y de inversión en infraestructuras. Al mismo tiempo, aportan a la Generalitat nuevos elementos científicos para continuar la revisión normativa en materia de gestión del agua y ordenación del territorio.
La Generalitat ha centrado esta etapa inicial en los ámbitos donde la dana ha puesto de manifiesto mayores necesidades de actualización. La previsión es extender progresivamente el trabajo al conjunto de la Comunitat Valenciana, de modo que todo el territorio disponga de mapas de riesgo actualizados frente a las inundaciones.
