Multan e inhabilitan a 4 policías nacionales por agredir a un detenido en Elda

Cuatro policías nacionales han sido condenados a pagar sendas multas de 960 euros y a ocho meses de inhabilitación para ejercer esa profesión por el delito contra la integridad moral que cometieron contra un joven al que agredieron durante su detención en Elda.

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Cuatro policías nacionales han sido condenados a pagar sendas multas de 960 euros y a ocho meses de inhabilitación para ejercer esa profesión por el delito contra la integridad moral que cometieron contra un joven al que agredieron durante su detención en Elda.

Así consta en la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Los magistrados no aprecian en la actuación de los agentes los delitos de torturas y lesiones por los que la fiscalía y la acusación particular solicitaban para ellos penas de hasta cinco años de prisión.

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Los hechos ocurrieron sobre las 14 horas del 29 de junio de 2006, cuando la víctima pasó por delante de la comisaría de Elda e increpó a dos de los acusados al tiempo que les hacía una “peineta”. Esa misma noche, sobre las 21.40 horas, esos dos policías y otros dos compañeros se personaron en el domicilio de la entonces novia del joven, tras recibir una orden de búsqueda y detención en su contra.

Allí, al arrestarlo, le propinaron “de forma desproporcionada”, según el fallo, diversos golpes que le provocaron múltiples hematomas y erosiones en diferentes partes del cuerpo. El juicio por estos hechos se celebró el pasado febrero y los policías aseguraron que habían tenido que reducirle porque se mostraba “muy agresivo” y había intentado golpear a uno de ellos.

En cambio, el perjudicado sostuvo que recibió una brutal paliza y fue conducido luego con el torso desnudo y descalzo a la comisaría, donde le dieron “una patada en la boca” y “un bofetón”, entre otros golpes, y le bajaron “los pantalones y los calzoncillos” para obligarle a hacer “sentadillas”.

El tribunal ha determinado que no hay pruebas de esas agresiones y vejaciones durante el traslado a comisaría ni con posterioridad, en el tiempo que pasó hasta que el detenido fue puesto a disposición judicial. La fiscalía mantenía sin embargo que los cuatro uniformados habían torturado al joven para “castigarlo” y “vengarse” por la “peineta” y los insultos que había dirigido a dos de ellos.

“El de torturas es el delito más grave que se puede haber en un Estado de Derecho, pues los agentes son garantes de los derechos constitucionales de los ciudadanos. No puede venir a mi casa un individuo con una pistola y sacarme de ella tirándome del pelo”, dijo durante su informe final la fiscal del caso.

Tras analizar la doctrina sobre ese delito que emana del Tribunal Supremo, la Audiencia no cree que esa acusación encaje con lo ocurrido en este caso. “Teniendo en cuenta el leve resultado lesivo de esta acción y la escasa duración de la intervención, este tribunal debe calificar el atentado a la integridad como no grave de entre los dos previstos en el artículo 175 del Código Penal”, señalan los magistrados, que tampoco aprecian un delito de lesiones.

En cualquier caso, matizan, los procesados utilizaron “una violencia innecesaria” contra la víctima al golpearle “de manera reiterada cuando se encontraba en el suelo y no oponía resistencia”. “La acción enjuiciada supone una agresión injustificada, abusiva e impropia de un agente de la autoridad”, añade la sala, que aplica a los condenados la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso en la tramitación del procedimiento.

La sentencia condena también a los policías a indemnizar conjuntamente al agredido con 2.935 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio del Interior de esa indemnización.

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