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viernes, 12 abril 2024

La Generalitat valora que la calificación positiva de la agencia Moody’s a la Comunitat confirma la confianza de inversores

Además, Moody’s sube en un escalón su Evaluación Crediticia Base (BCA, por sus siglas en inglés) de la Comunitat Valenciana y prevé que la deuda crezca a menor ritmo que hasta ahora

La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha subrayado que “la mejora de estable a positiva de la perspectiva de la calificación crediticia de la Comunitat Valenciana por parte de la agencia Moody’s confirma el cambio en la percepción sobre la Comunitat y el aumento de la confianza por parte de los inversores tras la llegada del nuevo Consell“.

La responsable de Hacienda ha destacado que Moody’s también ha mejorado en un escalón su Evaluación Crediticia Base (BCA, por sus siglas en inglés) de la Comunitat Valenciana, un indicador que tiene en cuenta tanto el perfil macro como factores financieros y cualitativos de la institución evaluada.

La agencia explica que esta mejora se debe a una situación fiscal más sólida de esperado anteriormente durante los próximos tres años a partir de la mejora de la situación fiscal que se comenzó a percibir en 2023. En paralelo, la firma mantiene la calificación de su deuda a largo plazo.

La consellera de Hacienda ha recordado que este cambio a positiva de la perspectiva de la Comunitat se suma y coincide con el que la agencia de rating Standard & Poor’s comunicó el pasado noviembre como antesala de una probable mejora de su calificación crediticia en el plazo máximo de dos años.

“Es evidente que la imagen de la Comunitat Valenciana en los mercados está cambiando a mejor como consecuencia del enfoque presupuestario más creíble de este Consell y las medidas de contención del gasto improductivo y mejora en la eficiencia en el uso de los recursos públicos de los valencianos”, ha manifestado la consellera de Hacienda.

Con todo, la titular de Hacienda insiste en que mientras el Gobierno de España “no aborde la reforma del sistema de financiación y siga consintiendo la injusticia que supone la infrafinanciación crónica de la Comunitat Valenciana, no solo estamos condenados a padecer un déficit estructural alto, sino que los recursos que podríamos destinar a Sanidad o Educación se irán en el pago de intereses por la elevada deuda que hemos heredado del anterior Consell”.

La deuda crecerá a menor ritmo que en los últimos años

En ese sentido, la agencia de calificación reseña que la deuda de la Comunitat Valenciana seguirá creciendo en los próximos años, pero lo hará a un ritmo menor que en los últimos años.

Al respecto, Ruth Merino ha señalado que, mientras el Consell “sí hace su trabajo y está centrado en adoptar todas las medidas a su alcance para contener el gasto y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, la ministra de Hacienda “continúa sin asumir su responsabilidad de impulsar la reforma del sistema de financiación”.

Si está tan preocupada y comprometida como dice por asegurar que todos los españoles puedan acceder a servicios públicos de calidad, la ministra Montero debería convocar mañana mismo el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de una vez por todas este asunto en lugar continuar culpando al PP de su propia dejación de funciones”, ha reiterado la consellera de Hacienda.

Menor carga de déficit y deuda

Moody’s prevé que la situación fiscal de los gobiernos autonómicos y locales españoles mejorará en los próximos dos o tres años y sus previsiones apuntan a que sus saldos operativos brutos mejorarán y se reducirán las cargas de déficit y deuda. También espera que los fondos Next Generation de la Unión Europea tengan un impacto positivo en las economías locales, que se reflejará a partir de 2024.

La decisión de Moody’s se produce una semana después de confirmar la calificación de España en ‘Baa1’ y mejorar la perspectiva de estable a positiva. Con todo, razona que si que si las perspectivas de crecimiento económico del país a medio plazo “fueran mayores y menos volátiles” podrían aumentar las transferencias del Estado a las comunidades y ayuntamientos por encima de lo previsto.