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Las cifras del “caso ERE”: 680 millones de euros defraudados “sin control”

21 acusados en un macrojucio de 152 sesiones y una sentencia de 1.700 folios

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso gigantesco que va de los 21 acusados a los 8 años de cárcel que la Fiscalía pide para 11 de ellos, pasando por cinco y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión  está en torno a los 1.700 folios. Estas son las cifras más importantes:

  • 21 acusados
  • 2 expresidentes de la Junta de Andalucía imputados: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
  • 7 exconsejeros: Gaspar Zarrías (Presidencia), José Antonio Viera (Empleo), Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y José Salgueiro (Hacienda).
  • 10 ex altos cargos de la Junta: dos exviceconsejeros (Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez), tres ex directores generales (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano), dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete) y tres ex secretarios generales técnicos (Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado).
  • 2 ex altos funcionarios: un exjefe del gabinete jurídico (Francisco del Río) y un ex interventor general (Manuel Gómez)
  • 3 jueces: Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez.
  • 2 delitos: todos los acusados lo son por prevaricación y 15 de ellos por malversación.
  • 10 años de inhabilitación: Es la petición de condena de la Fiscalía para el expresidente Chaves, así como para Zarrías, Álvarez, Salgueiro, Lozano y Del Río.
  • 8 años de cárcel: Es la petición de la Fiscalía para Viera, Fernández, Vallejo, Guerrero, Márquez, Barberá, Rodríguez, Medina, Sánchez, Aguado y Serrano.
  • 6 años de cárcel: Es la petición de la Fiscalía para Griñán, Martínez Aguayo, Gómez y Cañete.
  • 5 años y 9 meses de instrucción desde que la jueza Alaya abrió diligencias previas en enero del 2011 hasta que el juez Álvaro Martín dictó auto de apertura de juicio oral el 3 de noviembre del 2016.
  • 680 millones de euros. Es lo que la Fiscalía calcula que salió de las arcas públicas “sin ningún control”.
  • 854.838.243 euros. La partida presupuestaria de los ERE, también denominada ‘fondo de reptiles’.
  • 6.096 trabajadores que recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones en el periodo investigado (2000-2010), aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década.
  • 15 informes elaboró la Intervención General de la Junta, cuyo antiguo responsable es uno de los acusados, para avisar al Gobierno andaluz de las irregularidades en el sistema de concesión de ayudas.
  • 152 sesiones tuvo el juicio, que comenzó el 13 de diciembre de 2017 y acabó el 17 de diciembre de 2018.
  • 120 testigos pasaron por delante del tribunal de la Sección Primera durante la vista oral.
  • 337 días esperando una sentencia histórica desde que terminó la vista oral.
  • 14.276 folios de la instrucción, repartidos en 38 tomos y siete de anexos.
    1.700 folios tendrá la sentencia. La del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’, por ejemplo, tuvo 493.
  • 187 piezas separadas tiene el caso ERE, al margen de esta pieza política, después de que la jueza María Núñez, sucesora de Alaya, trocease la causa principal y la dividiese ayuda a ayuda.
  • 300 imputados se sentaron en el banquillo a declarar. Esto lo convierte en el caso con mayor número de imputados en España.
  • 25.000 euros al mes en comprar cocaína con el dinero de ayudas de la Junta. Esa es la cantidad que declaró Juan Francisco Trujillo, chófer de Javier Guerrero (ex director general de Empleo), a la juez Mercedes Alaya. El chófer se llegó a gastar más de 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas públicas de la Junta que recibieron irregularmente sus empresas.

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