La manifestación de vehículos ha sido convocada por la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, plataforma que desde el mes de noviembre ha salido a la calle para expresar su malestar con la que será la octava ley de Educación de la democracia española.
En Alicante, donde cientos de vehículos recorren desde las 11.00 horas las calles principales de la ciudad. Carlos Mazón presidente de la Diputación de Alicante, Luis Barcala alcalde de Alicante, los diputados Macarena Montesinos, Bea Fanjul, Nando Pastor, Jose Juan Zaplana y los presidentes del PP, Pablo Ruz de Elche, Antonio Peral en Alicante y Juan Carlos Caballero como presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana participan en la protesta.
La Plataforma ha convocado esta iniciativa “en todo el territorio nacional”.
La movilización de este domingo se suma a las otras cinco celebradas este mes de noviembre y diciembre frente al Congreso y el Senado, así como la del 22 de noviembre en vehículos, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña ‘Más Plurales, Más Libres, Más Iguales’ que ha puesto en marcha la Plataforma para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada “sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil”. Pero además, según denuncia, la LOMLOE supone un “ataque” a la educación concertada y la educación especial.
“Aunque el rodillo de la Ley Celaá sigue su curso con la intención de lograr su aprobación en tiempo récord el próximo 23 de diciembre, la concertada no va a permanecer callada ante esta demostración de falta de espíritu democrático de quien ha impulsado la LOMLOE”, señala la Plataforma.
QUÉ DICE LA LEY
El redactado de la ‘Ley Celaá’ contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de “demanda social” de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.
Para Más Plurales, la supresión de la “demanda social” de los centros privados sostenidos con fondos públicos “deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos”, lo que para ellos supone un “ataque a la libertad” porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.
Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio “relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar”.
Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar “con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.
La derecha española (PP, Cs y Vox), que critica firmemente la reforma educativa, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la ‘Ley Celaá’, por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma.
De momento, las tres formaciones ya han anunciado que recurrirán la Ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse.
