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El jurado ya delibera sobre si López mató o no a su suegra, la viuda del expresidente de la CAM

El jurado ha iniciado su incomunicación pasadas las 15.00 horas de este jueves para deliberar sobre un caso que se comenzó a juzgar el 14 de octubre.

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Los nueve miembros del jurado popular -más los dos suplentes- del ‘caso Sala’ deliberan ya sobre si Miguel López mató o no a su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, tras recibir el objeto del veredicto sobre el que deberán pronunciarse. López es el único acusado del crimen, ocurrido en diciembre de 2016, en el concesionario de coches que regentaba en Alicante.

El jurado ha iniciado su incomunicación pasadas las 15.00 horas de este jueves para deliberar sobre un caso que se comenzó a juzgar el 14 de octubre. El tribunal popular deberá responder a 12 preguntas para determinar sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Para declarar culpable a López deberá contar con el voto a favor de siete de sus miembros y el de cinco para que el veredicto sea de no culpabilidad.

Las deliberaciones son secretas y deben estar presididas por el portavoz. Se votará en orden alfabético y la abstención conllevará una sanción y se computará como favorable al acusado.

María del Carmen Martínez recibió dos disparos en la cabeza, el 9 de diciembre de 2016, en el interior de su coche en el lavadero de Novocar, el concesionario que entonces regentaba el acusado. Miguel López, marido de la hija pequeña de la víctima, se enfrenta 24 años de cárcel por asesinato con agravante de parentesco y por tenencia ilícita de armas.

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La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado Popular les ha trasladado las doce preguntas del objeto del veredicto, después de que su contenido haya sido consensuado con el fiscal y los letrados de la acusación particular, Francisco Ruiz Marco y de la defensa, Javier Sánchez-Vera.

La magistrada ha explicado a los miembros del jurado popular que en este caso “no hay pruebas directas” y que, por tanto, tendrán que valorar “pruebas indiciarias”, en base a que “estén acreditados por una prueba directa” como primer requisito.

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Además, ha señalado como segundo requisito la exigencia de que sean “plurales” o “excepcionalmente único, pero de una singular potencia acreditativa”. Las pruebas también tienen que ser “concomitantes al hecho que se juzga” y, por último, que estén “interrelacionados”.

Los miembros del jurado popular tendrán que responder a doce preguntas con un sí o con un no, que acompañarán de una sucinta motivación o razonamiento “razonable”, ha añadido la presidenta del tribunal, y entre las recomendaciones, la magistrada, ha solicitado “imparcialidad” y en base a “las pruebas que se ha practicado de cara a garantizar un veredicto no contaminado”.

Asimismo, ha explicado al jurado popular que la tres primeras preguntas responden a las posiciones del Ministerio Fiscal y de la acusación particular y de la cuarta a la séptima de la defensa de Miguel López.

Las preguntas octava y novena se refieren a culpabilidad o no culpabilidad de los delitos que se imputan. La décima respondería a la alevosía, con independencia del acto, ha continuado la magistrada, y la décimo primera con la responsabilidad civil y el agravante de parentesco”.

“JUICIO JUSTO”

Por último, a petición de la defensa, la magistrada ha incluido en la última cuestión la valoración de si ha sido un “juicio justo”, en relación a si se considera que “ha habido una dilación extraordinaria y debida o indebida”. Los hechos tuvieron lugar en 2016, la instrucción del caso ha durado dos años, y el juicio se ha celebrado en octubre y noviembre de 2019.

En cuanto al silencio del acusado, la magistrada pese a reconocer que el testimonio puede ser fuente de prueba, ha informado al jurado, según doctrina, que “la no declaración del acusado no se puede tener en cuenta para determinar su culpabilidad y que en el plano probatorio el silencio es igual a cero”. Además, ha indicado que “el silencio de acusado no se pude utilizar como medio para suplir la falta de pruebas”.

A lo largo de las 18 sesiones probatorias de este juicio, que se ha trasladado de la Audiencia Provincial de Alicante a los juzgados de Pardo Gimeno por falta de espacio, han declarado tres decenas de testigos, más de una treintena de peritos, un médico forense, 15 policías nacionales y dos locales.

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