La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA en la comarca ha vuelto a rechazar solicitar el registro de llamadas y mensajes del 29 de octubre de 2024 del móvil personal de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, pese a la insistencia de las defensas de los dos altos cargos autonómicos investigados.
En un auto hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la magistrada ha desestimado los recursos presentados por la exconsellera Salomé Pradas y por el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. Ambos habían recurrido una resolución anterior que ya denegaba esa petición.
En ese auto previo, de fecha 22 de julio, la jueza había rechazado requerir a Bernabé la aportación voluntaria de sus comunicaciones. En cambio, sí había accedido a solicitar de forma voluntaria el registro de llamadas y mensajes al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Aportación de comunicaciones solo voluntaria
En el nuevo auto, la instructora insiste en que cualquier entrega de mensajes, datos o información sobre comunicaciones por parte de Bernabé o de Polo tiene carácter estrictamente voluntario. Recuerda además que ni la delegada del Gobierno ni el presidente de la CHJ figuran como partes en el procedimiento penal.
‘Son testigos, por lo que la aportación de dichos mensajes y llamadas no se puede sustentar en un efecto reflejo respecto de la actuación de los investigados, por mucho que se haya solicitado su imputación de manera reiterada, y se haya confirmado en cualquier caso su denegación por la Audiencia Provincial de Valencia’, señala la resolución.
Según la jueza, la petición formulada por la defensa de Salomé Pradas ‘no se anuda a ninguna prueba, testimonio, necesidad de corroboración de alguna comunicación o circunstancia que justifique dicha pretensión de aportación voluntaria de comunicaciones’. A su juicio, la solicitud carece de un sustento concreto dentro de la instrucción.
La magistrada recuerda también que, en su declaración como testigo el 14 de abril de 2025, Bernabé alegó que el teléfono en el que constaban las llamadas era de carácter personal. Ese dato, subraya, impide a este Tribunal de Instancia reiterar el ofrecimiento para que entregue voluntariamente sus mensajes.
Respecto al recurso de Pradas, el auto expone que se fundamenta en la necesidad de conocer la información que circuló entre las distintas Administraciones durante las horas críticas del 29 de octubre. Sin embargo, la jueza considera que esa alusión a la información intercambiada es ‘una referencia meramente genérica‘ y, por tanto, ‘absolutamente insuficiente’ para reiterar la petición a la delegada del Gobierno.
‘No se precisa en el recurso la razón de verificar sus comunicaciones, ni las discrepancias de la declaración de la testigo con hechos constatados, documentos aportados, informes que hagan preciso volver nuevamente a realizar dicho ofrecimiento’, añade la resolución. Para la instructora, falta una justificación detallada que conecte esas comunicaciones con hechos concretos ya investigados.
La jueza sostiene que ‘la argumentación parte de una premisa errónea, por su inconcreción y por el claro desplazamiento y elusión de responsabilidades en la vigilancia de algo tan vital como el control de los barrancos‘. Recuerda que esa responsabilidad corresponde a quienes dirigían el plan de emergencias en aquellas horas, es decir, a los dos investigados en esta causa.
En cuanto al recurso de Emilio Argüeso, el auto indica que se basa en la supuesta utilización selectiva, por parte de Bernabé, de su registro de llamadas para sostener afirmaciones perjudiciales para personas investigadas. La jueza replica que esa tesis ‘difícilmente se puede sostener si no se aportó por la testigo el listado de llamadas’.
‘No se aporta por el recurrente ningún indicio, ninguna referencia a comunicación alguna de la testigo cuya veracidad se ponga en cuestión’, concluye la resolución. Con esta falta de indicios y de concreción, la magistrada mantiene su negativa a insistir a la delegada del Gobierno para que entregue el detalle de sus comunicaciones del 29 de octubre de 2024.
