La magistrada que investiga las posibles irregularidades en las adjudicaciones de viviendas públicas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante ha citado a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora del residencial Les Naus, construido sobre una parcela de propiedad municipal.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha fijado estas declaraciones para el próximo 21 de octubre. Con estas tres nuevas citaciones, ya son dieciocho las personas que tienen la condición de investigadas en estas diligencias previas, incoadas en febrero de este año.
Más información al Ayuntamiento de Alicante
La instructora ha acordado estas nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía, en una providencia en la que también ha reclamado más información al Ayuntamiento de Alicante sobre todo el proceso de enajenación de la parcela municipal donde se ha levantado el complejo residencial Les Naus.
En concreto, la jueza ha pedido al Consistorio que detalle si llevó a cabo alguna actuación en ese procedimiento desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó la valoración del suelo, adoptado el 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.
Además, la magistrada ha requerido al Ayuntamiento que informe y aporte toda la documentación y comunicaciones relacionadas con ese expediente. También quiere aclarar si se dio publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno por alguna vía adicional a la propia publicación en la plataforma de contratación.
La providencia extiende la petición a los servicios jurídicos de la corporación municipal. Les solicita que remitan toda la documentación relativa a esta cuestión, incluidas las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación, así como las habidas ‘en el interior de cada concejalía’. También reclama las posibles peticiones de informes e informes emitidos, entre otros documentos.
Según el TSJCV, la resolución subraya la necesidad de que el Ayuntamiento aporte ‘toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela’. Igualmente, reclama información sobre la ‘decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente‘ y sobre el posterior ‘alzamiento de la suspensión‘.
Por otro lado, en otra providencia, la magistrada ha requerido a Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros para poder admitir su personación en la causa como acusación popular. La presentación de esta fianza es un requisito habitual para que una formación política, entidad o colectivo participe en la causa en defensa del interés general, al margen de las partes directamente investigadas o perjudicadas.
