El PP pide inhabilitar 12 años al exalcalde Echávarri por el ‘caso Comercio’

El PP ha pedido inhabilitar 12 años y 7 meses al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por el delito continuado de prevaricación que le atribuye en relación al supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

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El PP ha pedido inhabilitar 12 años y 7 meses al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por el delito continuado de prevaricación que le atribuye en relación al supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Los populares, que ejercen en esta causa que ellos mismos denunciaron la acusación particular, reclaman asimismo para dos antiguos asesores del que fuera primer edil, Eduardo Díez y Pedro de Gea, sendas penas de inhabilitación de siete años.

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Echávarri hizo efectiva su dimisión del cargo el pasado 9 de abril, lo que propició que el PP accediera al gobierno municipal el pasado jueves, después de que la socialista Eva Montesinos no lograra la mayoría absoluta para suceder a su compañero de partido.

El exalcalde está acusado de prevaricación en dos causas judiciales: una por el presunto fraccionamiento de contratos, en la que la Audiencia ha confirmado ya su procesamiento, y otra por el despido de una funcionaria interina que es cuñada del hasta ahora portavoz municipal del PP y nuevo alcalde, Luis Barcala.

Carrascosa considera que existen indicios que apuntan a que Echávarri, De Gea y Díez fraccionaron 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe total de 144.160 euros.

En su opinión, “dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público” y su fraccionamiento convirtió la actuación del ayuntamiento en “arbitraria”, ya que benefició profesionales elegidos “por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia”.

El PP ha presentado hoy en el juzgado su escrito de acusación provisional contra los tres investigados y en breve deberá hacer lo propio la Fiscalía Anticorrupción. Los populares acusan a los procesados de “actuar al margen de la legalidad” al adjudicar trabajos y servicios por la vía del contrato menor cuando deberían haber convocado los correspondientes concursos públicos.

“Teniendo en cuenta los conceptos de las facturas, es evidente que existe una unidad operativa y funcional, como era la Gala Premios de Comercio 2016 dentro de la campaña ‘Alicante está de moda’, lo que obligaba a formalizar un único contrato”, afirman a modo de ejemplo.

El PP desgrana en su escrito las 25 facturas por un importe cercano a los 190.000 euros que incluyó inicialmente en su denuncia. Dichas facturas guardaban relación con tres conceptos diferentes: la promoción publicitaria del comercio local, la de la Gala de Comercio 2016 y la instalación de nuevos carteles en dos mercados y un mercadillo municipal.

Respecto a ese último bloque, la acusación particular sostiene que no había “motivo alguno para contratar independientemente cada una de las cartelerías, y menos aun cuando se contrató a la misma empresa, teniendo las facturas una diferencia de fechas de sólo diez días”.

En ese sentido, añade el escrito, los acusados recurrieron de forma ilegal a los contratos menores porque sabían que la suma de los pagos superaba el importe máximo que permite la legislación para recurrir a esa tipo de contratación.

El PP acusa al entonces asesor de Alcaldía, Eduardo Díez, y al de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea, de colaborar en ese presunto fraude por negociar las adjudicaciones y firmar algunos de los contratos “sin estar autorizados” a ello.

Según los populares, los acusados siguieron un “plan preconcebido” para poder disponer rápidamente de esos fondos antes de que finalizara el año y evitar que fueran destinados a la amortización de la deuda municipal. Ese proceder, concluyen, obvió “los principios de transparencia, libre acceso y competencia de otras empresas que se vieron privadas de acudir a un procedimiento de contratación”.

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