El Gobierno incorporará una cláusula antifraude en los procesos de adjudicación de viviendas de protección oficial construidas con financiación pública, con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar irregularidades como las investigadas en Alicante.
La medida formará parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Ejecutivo prevé llevar al Consejo de Ministros. Según ha avanzado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este nuevo marco incluirá mecanismos de control y supervisión para garantizar que el acceso a este tipo de inmuebles se ajuste a los criterios legales y sociales previstos.
El anuncio llega en plena investigación sobre la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante, un caso que ha situado el foco sobre el reparto de promociones públicas y sobre los perfiles de algunos de los beneficiarios. La controversia ha abierto un debate político e institucional sobre la necesidad de extremar la vigilancia en este tipo de procedimientos, especialmente cuando se trata de promociones levantadas con recursos públicos.
Desde el Ministerio de Vivienda defienden que los nuevos instrumentos de control serán determinantes para blindar la finalidad social de la VPO y evitar que este tipo de inmuebles acaben en manos de personas que no se ajustan al perfil para el que fueron concebidos. El objetivo, según sostienen, es impedir que vuelvan a repetirse situaciones que comprometan la credibilidad del sistema público de acceso a la vivienda.
Más inversión y protección permanente
El nuevo plan estatal de vivienda contempla además un importante aumento de la inversión pública. El Ejecutivo prevé movilizar 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030, una cifra con la que busca reforzar las políticas de acceso a la vivienda, impulsar nuevas promociones y consolidar un parque residencial asequible más amplio y estable.
Entre las líneas de actuación figuran ayudas dirigidas a jóvenes, medidas para incrementar la oferta, programas de rehabilitación, apoyo al alquiler y a la compra, actuaciones de accesibilidad y proyectos de regeneración urbana y rural. Uno de los puntos centrales del plan será también la protección permanente de las viviendas financiadas con fondos estatales, con la intención de preservar su función social a largo plazo.
En este contexto, el caso de Alicante se ha convertido en uno de los principales ejemplos que el Ministerio sitúa sobre la mesa para justificar un endurecimiento de los controles. La intención del Ejecutivo es que las futuras adjudicaciones cuenten con mayores garantías y con filtros suficientes para evitar posibles tratos de favor o beneficiarios que no cumplan las condiciones exigidas.
