Según datos del Ministerio de Interior publicados a través de redes sociales, el número de propuestas de sanciones realizadas desde el inicio del estado de alarma en todo el territorio español es de 806.595. Esto significa que, teniendo en cuenta que la sanción mínima propuesta para incumplir las medidas establecidas es de 600 euros, la cifra podría ascender, como mínimo a fecha 3 de mayo, a 483.957.000 euros en sanciones.
Aun así, desde un primer momento determinantes corrientes de juristas han puesto en entredicho la legalidad de estas propuestas sancionadoras en las circunstancias actuales, pero a pesar de todo, los incumplimientos de las medidas han seguido registrándose, notificándose a los presuntos infractores y haciendo llegar las propuestas desde los diferentes cuerpos de seguridad a los estamentos correspondientes.
La misma web del Ministerio del Interior actualiza periódicamente las cifras de propuestas de sanciones diarias remitidas y el total acumulado. Por eso, únicamente calculando el mínimo que se ha establecido en términos económicos que corresponde a los 600 euros por “desplazamientos no autorizados”, pero que puede llegar hasta los 10.400 por “organizar o participar en fiestas y celebraciones con concentraciones de gente”, la cifra global llega casi a los 484 millones de euros, y eso sólo desde el 14 de marzo y hasta el 3 de mayo.
De todas maneras, hay que decir que la elevada cifra de propuestas sancionadoras junto las discrepancias que ya se han manifestado, incluso dentro de los mismos estamentos gubernamentales están haciendo que una gran mayoría de estas sanciones no estén prosperando.
DERECHOS CIVILES
De hecho, el mismo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al preguntarle respecto a este tema reconoce que se trata de una cuestión “técnico-jurídica”, en la cual se suman diferentes normas y conceptos legales, que por lo tanto pueden ser interpretados también de manera diferente.
Por su parte, desde las bancadas de la oposición, los representantes del Partido Popular ya dejan claro respeto estas sanciones que consideran que no se aceptarán para vulnerar libertades civiles, tal como explica a este digital la senadora del PP por Castelló, Salomé Pradas que interpelará precisamente este martes a Marlaska sobre los derechos civiles.
