Los funcionarios de prisiones que trabajan en los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana intervinieron un total de 362 teléfonos móviles a los reclusos durante el año pasado, según un informe hecho público por Acaip-UGT.
La mayor cifra de estos dispositivos, 108, se requisó en Picassent (Valencia), por delante de Alicante Cumpliment con 85, Castellón I con 76, Castellón II con 49, Villena con 43 y el CIS de Valencia, donde se requisó únicamente un teléfono móvil.
El sindicato Acaip-UGT de Prisiones ha denunciado este viernes el aumento de móviles en las 80 cárceles y centros de inserción competencia de la administración central -todas salvo las de Cataluña y el País Vasco-, donde el pasado año se incautaron 2.910 terminales, un 6,4 por ciento más que en 2022.
Según un comunicado de esta organización sindical, se trata del número más alto de terminales intervenidos a los internos hasta el momento en las cárceles, donde está prohibida su tenencia.
La prisión de Madrid III, situada en la localidad madrileña de Valdemoro fue el centro donde los funcionarios retiraron el pasado año más móviles (152), por delante de la cárcel de Albolote en Granada (147) y la de Córdoba (142).
Los datos reflejan, según señala Acaip-UGT, que las prisiones madrileñas y andaluzas son en las que más teléfonos se incautan con una ratio de más de 60 móviles por cada 1.000 internos frente a la media nacional, que se sitúa en 51,32 por cada mil internos.
El sindicato recuerda que los teléfonos móviles son objetos prohibidos dentro de una cárcel debido al peligro que conlleva, ya que pueden ser empleados para la continuidad delictiva, el tráfico de drogas o la violencia machista, así como por los problemas que generan de seguridad al poder captar imágenes del interior.
Por esto, instan a la Administración a mejorar las medidas preventivas y modernizar los elementos de seguridad como inhibidores para que estos teléfonos no puedan ser utilizados y dejen de ser artículos cotizados entre los reclusos que tienen restringidas las comunicaciones.
El sindicato asegura que los móviles son introducidos en las cárceles incluso a través de drones y ocultos en otros objetos como paquetes de galletas o botes de champú.
