Las portavoces del Partido Popular, María del Carmen de España, y Ciudadanos, María del Carmen Sánchez, en el Ayuntamiento de Alicante ha firmado una Declaración Institucional conjunta para ser debatida en el próximo pleno que plantea la defensa del derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos.
En el escrito formalizado ante la secretaría del Pleno se indica que “la Ley 4/2018 de 21 de febrero por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano es un texto que lejos de contemplar la diversidad cultural y la riqueza del idioma lo único que persigue es la consecución de hacer primar la lengua valenciana sobre el resto de lenguas, no sólo las vehiculares en el Estado español, sino también de otras lenguas extranjeras dando una falsa apariencia de proyección global que nada tiene que ver con la realidad”.
Además, en la exposición de motivos de la Declaración Institucional, se explica que “el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana señaló en la sentencia nº 165/18 que existían preceptos clave que hacían contrario a derecho el modelo lingüístico propuesto por el Consell del Botànic. Había preceptos contrarios a derecho en el decreto nº 9/2017, de 27 de enero del Consell, y hay preceptos contrarios a derecho en la ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, puesto que repiten muchas cuestiones del decreto anulado por el TSJCV. Por lo que la aplicación de la ley 4/2018 en los centros educativos de la Comunidad Valenciana es del todo cuestionable”.
Los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos hacen constar en su DI que defienden la pluralidad y el derecho que tienen las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Por todo lo expuesto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Alicante pide al pleno “que declare inalienable el derecho fundamental de los padres a decidir y elegir la educación de sus hijos, y la obligación ineludible de las Administraciones Públicas de garantizar el ejercicio de este derecho, y reconocer cualesquiera impedimentos o trabas para ello”.
También se reclama que el pleno del Ayuntamiento de Alicante inste al Consell de la Generalitat Valenciana a derogar los artículos de la Ley 4/2018 de 21 de febrero de La Generalitat por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano “que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Usos y Enseñanzas del Valenciano, garantizando el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos de acuerdo a la singularidad del territorio en el que se reside”.
Además, se insta a la Conselleria de Educación a que cualquier instrucción que se le dé a los centros sobre la implantación de la Ley 4/2018 del Plurilingüismo que está prevista para el próximo curso 2020-2021 sea por escrito para dar respaldo jurídico a los centros educativos.
Por último, la Declaración Institucional conjunta plantea aprobar los proyectos lingüísticos de centro en base a la planificación (en la que al menos el 30% de los centros, en cada área de influencia, oferten líneas en castellano) los resultados académicos y una consulta vinculante a todas las familias y reclama velar por que haya una oferta suficiente en castellano y en valenciano para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la lengua en la que quieran que sus hijos sean escolarizados.
