La Patrulla Fiscal de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Alicante, en el marco de las operaciones para el control del comercio y la distribución ilegal de productos alimentarios, realizó el pasado 3 de marzo una inspección de un establecimiento alimentario de Elche regentado por una mujer de 49 años y nacionalidad china.
En dicho registro, en el que se hallaron 59 botellas de whisky ilegal valoradas en 20.167 euros, se levantó un acta de denuncia.
Los agentes de la Guardia Civil, en una investigación rutinaria contra el fraude alimentario, y de acuerdo a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, llevó a cabo dicho registro, hallando en el almacén del supermercado estas botellas de precio elevado que carecían de su correspondiente precinto fiscal. Por ello, la mercancía fue inmovilizada y precintada, quedando a disposición de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante.
Esta actuación se encuadra dentro de la intensificación de controles contra la falsificación, venta, etiquetado, comercio, distribución ilegal, adulterado de productos alimentarios y fraude económico que lleva a cabo la Guardia Civil a nivel nacional. El objetivo es el exhaustivo control del cumplimiento de la normativa tanto nacional como europea en materia de seguridad alimentaria, así como el respeto de la totalidad de condiciones legales.
Todas las actuaciones policiales realizadas han sido remitidas a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante, dependiente de la Agencia Tributaria, la cual realizará análisis de las botellas de whisky y procederá a resolver el expediente sobre la supuesta infracción administrativa de contrabando.
En concreto, la Ley de Impuestos Especiales califica como infracción tributaria la tenencia de bebidas derivadas con fines comerciales sin ostentar marcas fiscales cuando la cantidad exceda de 10 litros. Dicha infracción, cuando no constituya infracción tributaria grave, se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento de la cuota que correspondería a los productos en circulación, con un mínimo de 600 euros por cada infracción.
Precinto fiscal como prueba de garantía
El precinto fiscal es un sello que se adhiere al cierre de la botella para que no pueda ser abierta con el propósito de adulterar su composición y como garantía de que su distribución y comercio se rija bajo los márgenes de la legalidad y que cumpla todos los requisitos de calidad.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la encargada en España de la producción de los precintos fiscales como medida de seguridad ante una posible falsificación. Actualmente, existen precintos fiscales para las bebidas alcohólicas y tabaco, en este último caso para certificar y asegurar el cobro del pertinente impuesto.
