Una jornada de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que ha reunido este lunes 14 de noviembre a entidades locales para debatir medidas y estrategias para hacer frente a la inflación. Durante la misma, el president Ximo Puig ha anunciado la prórroga de rebajas en las tasas autonómicas mientras que el presidente de la Diputación de Alicante ha propuesto crear alianzas entre administraciones frente al “retraso de financiación del Gobierno” y ha incidido en que n apoyará el documento de alianza impulsado por Generalitat. En el mismo debate, el alcalde de Elche considera que los ayuntamientos deberían disponer de un fondo extraordinaro y el primer edil alicantino reclama más implicación por parte de Gobierno de España y Generalitat.
La cumbre municipal Alianza Valenciana contra la Inflación ha reunido en el Museo Príncipe Felipe de la Ciutat de Les Arts y les Ciències de València, a representantes de municipios, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y agentes sociales para poner en común medidas que ayuden a paliar los efectos de la escalada de precios en las familias.
Central de compras de luz, ayudas, rebajas impositivas y Fondo de Cooperación, principales iniciativas de la Diputación
El presidente de la Diputación Provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha defendido la necesidad de abordar una segunda descentralización de competencias mediante alianzas entre administraciones, con el objetivo de alcanzar un sistema riguroso y específico de financiación para los ayuntamientos. No obstante, en un acto de partido anterior a esta jornada ha señalado que su partido, el PP, no firmará la alianza contra la inflación que promueve la Generalitat Valenciana porque es “insuficiente” y “no va a beneficiar a quien más lo necesita”.
El responsable de la institución provincial ha hecho sus reflexiones y propuestas en una mesa redonda moderada por la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra la Despoblación, Elena Cebrián, que ha contado también con los presidentes de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y Castellón, José Pascual Martí, así como la alcaldesa de Almoradí y diputada provincial, María Gómez, y los alcaldes de Betxí, Alfred Remolar, y Algemesí, Marta Trenzado.
Ha aludido al “retraso de la financiación estatal que ya clama al cielo y esas competencias impropias que asumimos diputaciones y consistorios de manera clara debe quedar reflejado en un sistema de financiación municipal”.
Mazón ha solicitado un “régimen serio y concreto” en el que se aclaren “cuáles son los recursos con los que todos los concejales cuentan”, en tanto que, según ha asegurado, “estamos infrafinanciados, porque las diputaciones somos entidades locales, y tenemos derecho a que no se nos impongan las cosas por imperativo, sino por una alianza de manos tendidas”.
El presidente provincial ha anunciado a los asistentes a esta jornada que la institución ha puesto este año a disposición de los 141 municipios de la provincia “cerca de 177 millones de euros procedentes de fondos extraordinarios para hacer frente a las circunstancias extraordinarias actuales”. Tal como ha concretado Mazón, este montante se ha destinado en 2022 a diferentes planes con el objetivo de aliviar el incremento generalizado de precios y la inflación.
Entre las medidas realizadas, se han destinado ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a sus propios costes energéticos y gastos corrientes y, por otra, también a través de los consistorios, fondos extraordinarios para luchar contra la crisis económica y la subida de precios generada por el Covid y la inflación. Además, ha resaltado que con la central de compras de luz puesta en marcha en 2020 logran un precio de 70 euros por megavatio/hora para los Ayuntamientos, frente a los más de 100 que se pagan, y con la que prevén un ahorro de 17 millones de euros.
Los fondos para pymes, micropymes y autónomos han supuesto, asimismo, un total de 9 eruos en 2022 y ascenderán a 15 en 2023. Los bonos consumo por valor de 18 millones de euros y la supresión del IAE para el próximo ejercicio son otras iniciativas que ha presentado durante su intervención. Carlos Mazón se ha reafirmado una vez más en el Fondo de Cooperación de la Diputación “que da más libertad a los ayuntamientos y con el que, frente a los 13,7 millones que nos pide la Generalitat para el suyo, nosotros hemos invertido 36 millones que pueden derivarse tanto para inversiones como para gastos corrientes”.
Elche aboga por ayudas dirigidas a colectivos y Alicante apunta a la rebaja impositiva
Una de las mesas de debate sobre las medidas de las grandes ciudades contra la inflación ha reunido a los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, Elche, Carlos González, València, Joan Ribó, y Castellón, Amparo Marco.
El regidor ilicitano ha destacado, entre otras medidas puestas en marcha en Elche, el acuerdo con los agentes sociales para paliar las consecuencias económicas de la guerra con un impacto económico de unos 10 millones de euros, la reducción del precio del IBI a los valores catastrales inferiores a 70.000 euros, las ayudas al pago de alquileres como medida social, los bonos de consumo en los que ha invertido 1,5 millones de euros o la congelación fiscal. Ha apelado a un acuerdo social y ha destacado su apuesta por la simplificación administrativa de las tramitaciones.
Además ha incidido en implementar “políticas concretas dirigidas a colectivos concretos” antes que una rebaja del IBI generalizada, que “supone un ‘riego a manta’ que es ineficiente”. Los tres niveles de la administración, diputaciones, Generalitat y Gobierno de España, ha concluido González, deberían plantearse y poner en marcha un fondo extraordinario para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las consecuencias de la inflación sobre sus cuentas y “ganar en capacidad de maniobra para intervenir en la economía y mejorar la situación de las familias, desde luego sin bajar impuestos”.
Por su parte, el primer edil de Alicante, Luis Barcala ha señalado las principales vías de acción implementadas desde el Consistorio: desde ayudas, bonos y subvenciones para estimular el consumo a la aplicación de políticas fiscales “blandas”, pasando por sistemas de ahorro energético para reducir el gasto no productivo y rigor financiero para eliminar el déficit en las cuentas públicas. “Pero nunca deben pasar por la subida de impuestos y tasas”.
Algunas de estas medidas, han sido 1,6 millones de bonos al consumo, un millón para el bono gastronómico, 60.000 euros para bonos culturales, y 30.000 para el estudio de idiomas y del carnet de conducir. También la bonificación del 5% en el pago del IBI estímulos relacionados con la generación de energías limpias y la protección de familias numerosas.
Y de cara al futuro, ha adelantado nuevas modificaciones fiscales como la bonificación de la plusvalía municipal en los traspasos de negocios, la subvención para renovar los taxis, la bonificación del 95% “mortis causa” en la plusvalía en herencias de viviendas entre parientes directos o la rebaja del IAE para empresas que desarrollen actividades de interés o utilidad municipal.
Barcala ha aludido también a la capacidad limitada que tienen las corporaciones locales para combatir la inflación. “Esto es municipalismo y tenemos que pedir, puesto que son otras Administraciones las que pueden intervenir con medidas concretas para paliar la inflación. Se nos ha sugerido que congelemos o que reduzcamos tasas, pero que los demás no las suban, ni inventen tasas nuevas. Los Presupuestos de la Generalitat crecen un 10% por la subida de tasas y se nos viene encima la turística, que no se va a aplicar en Alicante porque no tiene sentido”, ha destacado.
Puig anuncia rebajas de tasas hasta agosto
El gobierno valenciano prorrogará la rebaja del 10% de las tasas y los precios públicos ya reducidos hasta agosto de 2023. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho el anuncio durante la clausura de la Alianza Valenciana contra la Inflación.
El jefe del Consell ha adelantado que esta medida para paliar los efectos de la inflación se aprobará en las próximas semanas para que se aplique a partir del 1 de enero del próximo año. “Mientras dure la guerra y la situación de inflación y aumento coste de vida, tenemos que desplegar todas las ayudas posibles, todas las reformas y toda la acción pública que haga falta” ha señalado Puig.
El president ha pedido la “máxima sensibilidad” al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea respecto de sus decisiones acerca de los tipos de interés y de las reglas fiscales, porque “no podemos dar respuestas como las que se dieron durante la crisis financiera”. Así pues ha instado a las instituciones europeas a aplicar “reglas fiscales que atiendan a la necesidad de la inversión pública”.
Del mismo modo, el jefe del Consell ha puesto en valor el trabajo, el esfuerzo y la capacidad innovadora de los ayuntamientos para “contener al máximo el coste de la vida” y ha apostado por “soluciones útiles, rápidas y eficaces“. En este sentido, se ha comprometido a reforzar la alianza con los municipios creada en 2015 y a potenciar los cuatro fondos municipales a través de los que la Generalitat ya ha aportado 331 millones de euros.
Puig ha insistido en que la situación obliga a dar una “respuesta pública conjunta” y a tomar medidas en el marco de las competencias de cada institución, así como en la necesidad de “coordinar acciones conjuntas, más corresponsabilidad y cooperación”, dejando de lado los partidismos. “Este es un problema de todos y sobre todo de aquellas familias que tienen menos recursos, y tenemos que aportar cada uno como decía Altamira, aquello que podamos”.
