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El PSOE se abstiene en la Comisión Especial de Cuentas al faltar información en la ejecución del presupuesto de 2019

El Grupo Municipal Socialista (GMS) se ha abstenido en la Comisión Especial de Cuentas del presupuesto de 2019 porque la información aportada no ha sido todo lo completa que se necesitaba para una valoración del informe

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Así pues, se ha solicitado conocer la ejecución del presupuesto respecto del aprobado por el pleno del Ayuntamiento y de idéntica forma el de inversiones.

En esta comisión se ha informado que la tesorería en bancos del Ayuntamiento y sus entes y organismos autónomos asciende a 117,4 millones de euros y que los “ahorros” generados en la cuenta de resultado económico-patrimonial  es de 51 millones de euros, lo que demuestra, según el PSOE, que ha habido una falta de ejecución del presupuesto, que es lo que Barcala ha criticado una y otra vez del equipo de gobierno de izquierdas. “¿Y ahora qué? Estamos hablando de un presupuesto no afectado por la Covid, lo que demuestra una deficitaria gestión”, según Paco Sanguino.

El GMS ha denunciado que el señor Barcala ha estado ‘peleando’ por los famosos remanentes de tesorería cuando eran los propios ayuntamientos los que estaban atados de pies y manos por la famosa Ley Montoro. “Eso sí, ha preferido liquidar la deuda con los bancos antes que dedicar ese dinero para combatir la pandemia. Encima ha impulsado unos presupuestos para 2020, en plena crisis, que no sirven para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía inmersa en una alarma sanitaria, social y económica. Encima ha recurrido al ‘decretazo’ porque no ha conseguido acuerdos para la modificación presupuestaria de agosto, matiza Sanguino.
 
Por otro lado, el GMS ha preguntado cómo se va a enfocar la solución de las irregularidades generadas por gran parte de los 64 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que han sido señalados por el interventor por defectos en el procedimiento de contratación por un importe de 9.867.212,18 euros de los cuales 59 por importe de 7.732.584.56 euros corresponden a contratos previamente adjudicados que a su finalización no se había licitado ni adjudicado el nuevo contrato. El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para evitar que dicha irregularidad continúe, tal y como indica el interventor.

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