La Conselleria de Educación y los sindicatos de la mesa negociadora de la enseñanza han acordado volver a reunirse este jueves 11 a las 9 de la mañana en València, después de una reunión de más de once horas en la que han introducido nuevas incorporaciones al documento de trabajo y han decidido someterlas a votación interna por parte del profesorado o de las direcciones de las organizaciones sindicales.
Durante la sesión de este lunes, que ha empezado a las 10:50 horas y ha concluido pasadas las diez de la noche, las partes han analizado uno por uno los bloques de simplificación burocrática, ratios, infraestructuras, inclusión educativa, enseñanza en valenciano, plantillas y retribuciones.
La propia Conselleria ha retransmitido en directo la negociación a través del canal de Youtube de la Generalitat, a petición del departamento de Educación, lo que ha permitido seguir en tiempo real el desarrollo de la mesa sectorial.
Al cierre de la reunión, la consellera se ha comprometido a remitir este martes por la mañana, antes del mediodía, los documentos actualizados con las incorporaciones debatidas.
El objetivo es que cada sindicato pueda someter el texto a votación: en algunos casos serán las bases del profesorado quienes decidan, y en otros lo harán los comités directivos. Tras ese proceso de consulta, todas las partes volverán a sentarse el jueves para intentar acercar posiciones.
Retribuciones y subida salarial, principal punto de choque
Las retribuciones del profesorado se han mantenido como uno de los grandes puntos de desacuerdo durante la jornada.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido que es posible, en sus palabras, salvar el dinero y el honor mediante un documento de adhesión al acuerdo salarial ya firmado por ANPE y CSIF, acompañado de una adenda que aclare la vinculación de esa subida al IPC.
Ese acuerdo contempla una subida progresiva de las retribuciones del personal docente hasta alcanzar 200 euros mensuales en 2028. Sin embargo, durante la mesa han vuelto a surgir dudas sobre si la indexación al IPC afecta únicamente a los últimos 50 euros del incremento o a la totalidad de la subida, un matiz que los sindicatos consideran clave para valorar el alcance real del pacto.
CSIF ha sostenido que el acuerdo está, a su juicio, clarísimo: 75 euros el 1 de septiembre de este año, otros 75 euros el 1 de enero de 2027 y 50 euros más el 1 de enero de 2028, hasta llegar a 200 euros mensuales vinculados al IPC.
Además, ha destacado la inclusión de seis días de libre disposición y la desconexión digital para el profesorado como elementos importantes del paquete.
ANPE ha justificado su firma señalando que, en esta ocasión, ha priorizado los tiempos cortos y la concreción de alcanzar los 200 euros en 15 meses.
No obstante, ha advertido de que en enero de 2028 reclamará una nueva revisión salarial, lo que deja la puerta abierta a futuras negociaciones una vez completada la subida prevista.
En un plano muy diferente, STEPV ha cuestionado que la administración alegue falta de fondos suficientes para acercarse más a sus reclamaciones.
El sindicato ha considerado nulo el acuerdo salarial y ha exigido que se reabra la negociación con lo que denomina información verdadera.
En la misma línea crítica, CCOO ha pedido garantías claras sobre cómo se hará efectivo el compromiso de subida, mientras que UGT ha calificado la negociación salarial de desfasada al entender que el profesorado valenciano parte de una situación de desventaja respecto a otras comunidades autónomas.
Debate sobre la ley de libertad educativa y el valenciano
Otro de los bloques más tensos ha sido el dedicado al valenciano y a la llamada ley de libertad educativa.
Los sindicatos mayoritarios han reiterado sus críticas al inmovilismo de la Conselleria respecto a la propuesta inicial y han centrado gran parte del debate en las garantías para que se imparta valenciano en las zonas castellanohablantes y en el valor de los nuevos títulos de capacitación lingüística.
Desde STEPV se ha reclamado de nuevo la derogación de la ley de libertad educativa o, al menos, su modificación mediante enmiendas que se trasladen a Les Corts.
El sindicato también ha pedido la retirada del nuevo currículum de bachillerato porque, según ha defendido, nadie lo ha solicitado y no aporta nada, además de contribuir a conflictivizar la enseñanza del valenciano.
A ello ha sumado las críticas a lo que considera recortes en la promoción de la lengua desde 2023.
ANPE, por su parte, ha puesto el foco en la necesidad de asegurar el grado de homologación que tendrán las nuevas titulaciones de capacitación.
CSIF ha subrayado que, aunque le gustaría más intensidad en algunas medidas, valenciano y castellano deben servir para entendernos y no para enfrentarnos, insistiendo en un enfoque de convivencia lingüística.
CCOO ha defendido la reversión, y no la derogación, de la ley de libertad educativa.
También ha pedido un plan específico para garantizar el valenciano en las zonas castellanohablantes y que las organizaciones sindicales puedan participar en ese diseño para garantizar la presencia real del valenciano en los centros educativos.
UGT ha calificado el documento de la administración de claramente insuficiente, al entender que no plantea una estrategia integral de defensa del valenciano.
Además, ha alertado de que hay familias que se quedan sin plaza en líneas en valenciano para sus hijos, por lo que, a su juicio, la libertad educativa es encubierta y completamente falsa.
Plantillas y nuevas contrataciones de profesorado
En el capítulo de plantillas, los sindicatos han coincidido en reclamar mayor nivel de detalle sobre el desglose de las 5.000 nuevas contrataciones de profesorado, con el fin de conocer cuántas plazas se asignarán a cada etapa educativa y cómo se distribuirán entre los distintos niveles y tipos de centro.
El director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega, ha defendido la oferta global de 7.742 puestos en cuatro años, que ha calificado de excelente.
Además, se ha mostrado dispuesto a concretar más la división de las 5.000 nuevas contrataciones, que ha presentado como una cifra abierta como punto de partida para una negociación posterior sobre su reparto.
Más allá de las plantillas, la mesa también ha abordado cuestiones como la simplificación de la carga burocrática en los centros, la revisión de ratios, las necesidades de infraestructuras y las medidas de inclusión educativa.
Estas áreas, aunque menos visibles que el bloque salarial o el del valenciano, forman parte de las demandas de fondo del profesorado y de las condiciones en las que se desarrolla la actividad docente diaria.
La evolución de esta negociación y sus efectos sobre la huelga del profesorado y el calendario escolar seguirán siendo objeto de atención en los próximos días.
