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martes, 16 agosto 2022

Educación licitará de nuevo la retirada de fibrocemento de tres colegios de Alicante tras la retirada de la adjudicataria

El objetivo es tener las obras adjudicadas durante el primer trimestre de 2023 para proceder a la retirada del amianto el verano del año que viene

El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor Garcia, junto al director territorial de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte en las comarcas de Alicante, David Vento, se ha reunido con las comunidades educativas de los CEIP Azorín, El Tossal y Emilio Varela de Alicante para detallarles los procedimientos que ha iniciado la Consellería ante el incumplimiento de los contratos de retirada de fibrocemento de la unión temporal de empresas (UTE) Gocoa Construcciones y Reparaciones, SL y Demoliciones y Excavaciones D-Tres, SL. 

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Tras mantener una reunión con la UTE adjudicataria el lunes 27 de junio, la Consellería ya está preparando toda la documentación de rescisión del contrato de obra porque, tal como apunta el director general de Infraestructuras Educativas, “de esta manera y en paralelo ya podemos ir tramitando una nueva licitación por urgencia que permita que tengamos una nueva adjudicataria en los primeros meses de 2023 y garantizar así la retirada de fibrocemento el verano que viene”. 

Cabe recordar que los trabajos de retirada del fibrocemento de estos tres colegios, dada la superficie de las cubiertas a sustituir, solo se pueden efectuar durante los dos meses de las vacaciones de verano. 

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Víctor Garcia ha trasladado a las comunidades educativas de los tres centros educativos “la falta absoluta de diálogo de la UTE y la conciencia, también absoluta, por parte de la Consellería sobre la situación en la que nos deja a todas 

y todos: que los cientos de niños y niñas de los tres colegios se queden sin que se retire el fibrocemento este verano. Es muy grave. La inmensa mayoría de empresas del sector de la construcción que están trabajando en cientos de obras que estamos realizando de construcción, ampliación, mejora de centros y retiradas de fibrocemento están teniendo un comportamiento ejemplar: hacer su trabajo y buscar soluciones conjuntas a cuestiones que van viniendo sobrevenidas con todo nuestro apoyo”. 

“Lo que no se puede hacer es bloquear y cerrarse en banda exigiendo un sobrecoste del 30 % sin justificación como si estuviéramos en los tiempos oscuros de Ciegsa. Esta UTE no ha querido sentarse para revisar, si procedía, el tema. O era un 30 % de sobrecoste o nada. Y justamente el 30 % que pide ahora es el porcentaje por el que concursó a la baja para ganar la licitación en su momento por delante de otras empresas que también se presentaron. Por lo tanto, está haciendo una exigencia que, además, en todo momento la dirección facultativa de las tres obras considera totalmente injustificada y que es inviable desde el punto de vista legal, ya que el decreto para revisar el aumento de precios no permite subidas de porcentajes tan altos”, ha continuado Víctor Garcia y ha añadido: “Eso es inadmisible y más inadmisible es que abandonen la realización de la obra sabiendo la repercusión y el desánimo de cientos de familias que quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Vamos todos a una porque esto va de dignificar la escuela pública en Alicante y no pararemos hasta conseguir a que se retire el fibrocemento de una forma transparente con todos los mecanismos que nos permite de actuación desde la Administración”. 

Acciones que la Consellería emprenderá por el incumplimiento del actual contrato 

Por una parte, se procederá de manera inmediata a la confiscación de la garantía a las empresas adjudicatarias de los tres contactos, que por normativa supone el 5 % del total de la inversión, en este caso 20.449 euros. Asimismo, se está preparando toda la documentación para pedir que la UTE cubra por indemnización, por un lado, a las comunidades educativas de los tres centros por el volumen que haya supuesto a los tres centros cambiar de lugar sus actividades de verano, y por otro, al Ayuntamiento de Alicante por el coste que le supone el traslado de conserjes. 

Igualmente, la Consellería iniciará un procedimiento contencioso-administrativo pidiendo que las dos empresas que integran la UTE sean inhabilitadas para optar a contrataciones públicas.

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