El calzado en Elche siempre se ha caracterizado por ser una industria muy importante para la ciudad, llegando a convertirse en uno de los principales puntos de fabricación nacional y alcanzando una importante relevancia a nivel internacional.
Históricamente, existe gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en Elche dedicados al sector del calzado, muchos de ellos en situación irregular, contribuyendo así a la economía sumergida de la ciudad.
“Las empresas acuden a personas con situaciones económicas muy complicadas que, ante la necesidad de poder atender sus necesidades básicas, se acogen a cualquier situación laboral que no es adecuada”, afirma Ismael Senent, Secretario General de UGT La Muntanya Vinalopó-Vega Baja, que añade que las personas no son el “foco” y que “donde hay que actuar es en la parte contratante”.
Al trabajar sin documentación, los y las aparadoras no tienen acceso a los recursos y beneficios de los que gozan los trabajadores legales, como la seguridad social, a la que no tienen acceso en caso de enfermedad o desempleo. Esto pone en riesgo para los trabajadores y sus familias.
Como decíamos, el calzado en Elche es el sector más importante, dando empleo a “más de 30.000 personas“, tal y como afirma Marián Cano, presidenta de AVECAL (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado).
Muchas de las empresas de fabricación de este producto a nivel nacional se encuentran ubicadas en la ciudad y, aunque muchas empresas recurren a las prácticas irregulares, tal y como afirma Cano, la mayoría de las empresas “respetan escrupulosamente la legislación”.
Llevar la economía sumergida a lo penal
Sin embargo, no se puede negar que existe un problema grave relacionado con la economía sumergida dentro del sector del calzado en Elche. De hecho, hace unos días se publicaba la noticia de la solicitud provisional de una pena de prisión de cuatro años a la dueña de una empresa de calzado de Elche, a la que se acusa de tener siete empleados sin contrato.
Ante este hecho, Ismael Senent se muestra firme, asegurando que “se tienen que establecer sanciones fuertes para que la gente no utilice este mecanismo y utilice el legal”. Cree que la única forma de corregir esta situación es que los empresarios “vayan comprobando que actuar así tiene consecuencias graves”
Por su parte, Miguel Ángel Cerdá, secretario general de CCOO Industria Comarcas del Sur, considera que llevarlo a lo penal es “la salida”. Añade que “hace unos años se dijo que si se tenía un tanto por ciento de gente sin dar de alta, podías pagarlo con la cárcel. Desde entonces la cosa ha bajado bastante”.
El problema de la falta de Inspectores de Trabajo
Desde los sindicatos UGT y CCOO, además de AVECAL, tienen claro que el principal problema causante de que la situación de economía sumergida no termine de solventarse es “la escasez de inspectores”. Tal y como afirma Cerdá, existen dos soluciones: “Ampliar la plantilla de inspectores, porque van saturados, y que cuando haya gente sin dar de alta se pase por lo penal”.
Senent añade que “la provincia de Alicante, que es la que está en el tintero con el mayor porcentaje de economía sumergida, es la que menos inspectores tiene de la Comunidad” y que, desde UGT llevan tiempo exigiendo que “se dote” a la Inspección de Trabajo de “recursos económicos y humanos” para atender dicha situación.
Cano cree que el problema recae en la falta de resolución, manifestando que “La Inspección de Trabajo debería adoptar más medidas que permitan erradicar las prácticas irregulares, reforzando los medios y recursos que destina para ello”.
Trabajadoras desde casa
Uno de los grandes problemas ante el que es muy difícil actuar, es ese sector de aparadoras que trabajan desde casa y no se trasladan a ninguna fábrica para realizar su trabajo. Cerdá cree que en estos casos “hacer una denuncia es muy complejo, porque un Inspector no puede entrar en una casa si no hay una orden judicial“.
Para solventar de alguna manera este problema, desde UGT, Senent considera que es necesario acabar con esta situación desde su origen. “Este sector venía de una tradición y eso hay que ir cambiándolo. Los domicilios son para convivir y no para trabajar y por lo tanto el trabajo se tiene que volver a destinar a los centros de trabajo”, manifiesta.
La necesidad de denunciar
Desde AVECAL inciden en que “si alguien tiene conocimiento de que se produzcan malas prácticas en su entorno laboral debe ponerlas en conocimiento de la autoridad competente de inmediato para que se actúe contra ellas”.
Por su parte, Senent también pone el foco en la responsabilidad de las empresas, asegurando que aquellas que sí que hacen las cosas bien “tienen que denunciar cuando conocen qué empresas están realizando ese tipo de actividades”.
Por todo esto, sería importante que el sector del calzado de Elche adopte también un enfoque de responsabilidad social, para asegurar que los y las trabajadoras cuenten con los derechos adecuados para desarrollar su trabajo con seguridad ya que, tal y como manifiesta Senent, “nuestra provincia no puede seguir con estos datos de economía sumergida”.
