La Generalitat ha presentado 35 recursos contra deslindes de Costas del Gobierno central que afectan a 70 kilómetros de litoral y a más de una veintena de municipios de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de blindar las playas, defender a los municipios costeros y garantizar la seguridad jurídica de los vecinos afectados.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado esta estrategia durante la presentación del plan de defensa de la costa valenciana. Según ha señalado, se busca ‘proteger el litoral, defender los intereses de los municipios costeros y garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados por las decisiones en materia de costas emprendidos por el Gobierno central’.
En el acto han participado también el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y el concejal del Ayuntamiento de València Carlos Mundina. La Generalitat ha subrayado que esta línea de actuación responde a la fuerte presión sobre el litoral, donde más del 70 % de la población vive a menos de diez kilómetros del mar.
Martínez Mus ha resaltado que la costa valenciana es clave para la actividad económica, turística y social de la Comunitat Valenciana. Ha detallado que existen 70 kilómetros de litoral afectados por diferentes procesos de deslinde impulsados por la Administración central, lo que ha motivado la presentación de recursos y alegaciones en cadena.
‘Tenemos mucho que hacer para proteger nuestra costa y en estos momentos estamos sufriendo esta vorágine de deslindes en todo el territorio’, ha afirmado el conseller. A su juicio, el volumen de expedientes abiertos genera inquietud en los municipios y en los propietarios de viviendas y negocios próximos al mar.
Recursos y apoyo a los municipios
Martínez Mus ha señalado que el objetivo del Consell es ‘combatir’ los deslindes que considera injustificados y dar tranquilidad a los afectados. ‘Lo que intentamos hacer es combatirlos, explicar en qué consiste esta herramienta, más que nada por la tranquilidad de la gente, que sepa que la Generalitat está impugnando todos y cada uno de estos deslindes y que no vamos a tolerar que se conviertan estas intenciones en normas firmes’, ha incidido.
Según ha detallado, se han presentado alegaciones en más de una veintena de municipios del litoral de la Comunitat Valenciana. Entre ellos figuran Dénia, Sagunt, Puçol, El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia y Bellreguard.
También se han activado recursos en Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa. Se trata de localidades con una importante actividad turística y residencial, donde los cambios en el dominio público marítimo-terrestre pueden tener un fuerte impacto en la planificación urbana y en la propiedad privada.
La Generalitat ha indicado que en otros municipios, como Elche o Guardamar del Segura, también se han detectado procesos de regresión del litoral. En estos casos, el apoyo del Consell se articula sobre todo a través del desarrollo normativo de la nueva ley autonómica de protección y ordenación de la costa valenciana.
Tres líneas de actuación
La estrategia del Consell se articula en tres grandes ámbitos de trabajo. En primer lugar, la reclamación al Gobierno central de las obras de protección del litoral pendientes desde hace una década, más de la mitad aún sin ejecutar. Estas actuaciones, según el Consell, son esenciales para frenar la regresión de las playas y reforzar los frentes costeros más vulnerables.
En segundo lugar, la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana mediante la presentación de recursos y alegaciones frente a los deslindes que considera desproporcionados o mal fundamentados. Esta vía jurídica busca revisar expedientes ya iniciados y evitar que se consoliden nuevos límites del dominio público marítimo-terrestre sin, según la Generalitat, las debidas garantías.
El tercer pilar de la estrategia es el desarrollo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Esta norma autonómica pretende ordenar los usos del litoral, impulsar la regeneración de playas, recuperar el equilibrio sedimentario y fijar criterios claros para compatibilizar la protección ambiental con la actividad económica en la franja costera.
La Generalitat mantiene, además, su oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. Considera que algunos de sus planteamientos pueden generar inseguridad jurídica y afectar negativamente a ciudadanos, actividades económicas y ayuntamientos costeros, que se verían obligados a adaptar su planeamiento a escenarios más restrictivos.
En este sentido, el conseller ha defendido que ‘un único temporal excepcional’ no debe servir para modificar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre. Ha reclamado que cualquier decisión se base en ‘criterios técnicos rigurosos, datos objetivos, series históricas contrastadas y parámetros científicos verificables’.
El plan de defensa de la costa incluye también el acompañamiento a ayuntamientos, asociaciones y vecinos en los procedimientos relacionados con el litoral. Para ello, la Generalitat ofrece informes técnicos, alegaciones, recursos y apoyo administrativo, con la intención de reforzar la posición de los afectados ante la Administración del Estado.
Según Martínez Mus, ‘la protección ambiental y la seguridad jurídica no son conceptos incompatibles. Al contrario, deben avanzar juntas’. El Consell sostiene que es posible preservar el medio ambiente costero y, al mismo tiempo, dar estabilidad a los usos residenciales, turísticos y económicos ya consolidados.
Con esta combinación de acciones jurídicas, apoyo técnico y desarrollo normativo, la Generalitat pretende influir en las decisiones sobre el dominio público marítimo-terrestre y asegurar que se tengan en cuenta las particularidades del litoral de la Comunitat Valenciana, muy poblado y fuertemente vinculado al turismo y a los servicios.
