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jueves, 28 marzo 2024

La gestión burocrática que mantiene desahuciada a una familia enfrenta a Alicante y Conselleria de Vivienda

Mantienen versiones incompatibles sobre un certificado de urgencia habitacional que permitiría acceder a una vivienda a una familia vulnerable

La concesión de urgencia de una vivienda a una mujer de 72 años y su hijo con discapacidad en Alicante capital se retrasa en un cruce de versiones contrapuestas entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. María, de 72 años, que residía en el barrio de Carolinas con su hijo, con discapacidad, fueron desahuciados el pasado 1 de febrero frente a numerosos medios de comunicación y pese a la resistencia del movimiento vecinal convocado por el Sindicat del Barri Carolines.

Este lunes, 27 de febrero, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, insiste que el certificado de urgencia habitacional para acceder a una vivienda social de la Generalitat se envió 19 días después, el pasado lunes 20, y que el jueves desde la conselleria “nos confirmaron que es que no habían abierto la bandeja de entrada” del correo electrónico.

Una versión contrapuesta a la del secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, que confirmaba a Diario de Alicante “en cuanto a esa supuesta comunicación que se ha realizado por un correo que no se ha abierto, el procedimiento formal lo que marca es que a nosotros esa comunicación, esa declaración de urgencia, nos debe llegar por registro de entrada“. Y a fecha del viernes 24 de febrero, “todavía no nos ha llegado nada, pero tampoco nos ha llegado por correo ni ningún medio similar. Esto no significa que a lo mejor se ha enviado por registro de entrada y han tardado algunos días en llegar”.

Ante una creciente alerta de colectivos antidesahucios sobre la turistificación de algunos barrios con la proliferación de apartamentos turísticos, que señalan detrás de numerosos desahucios, el alcalde Barcala esta mañana ha pedido a la Conselleria que “espabile” con la gestión de las viviendas sociales. “La situación se está complicando. El Ayuntamiento va a hacer su trabajo que es emitir los certificados de vulnerabilidad y mucho me temo que a la Generalitat se le va a ir atragantando esta situación”.

En el caso de María, no obstante, Alejandro Aguilar, se ha pronunciado para “desmentir rotundamente las acusaciones vertidas por la concejala y por el alcalde respecto a la inacción de la Generalitat en este asunto”. Y añadir que “desde el mismo día 2 ya el día siguiente del desalojo, ya le comunicamos el Ayuntamiento nuestra voluntad de poder dotar de solución habitacional a la familia. Es más, ya teníamos una vivienda reservada, la seguimos teniendo reservada (…) Esa declaración de urgencia no llega y a los 20 días nos encontramos con una serie de acusaciones en el pleno”.

A mayores, más allá de este caso puntual de María González, el alcalde de Alicante afirma que la magnitud puede desbordar a Conselleria porque “no ha hecho ni una sola vivienda en la ciudad de Alicante” y solamente el pasado lunes, con el de esta familia, se enviaron 13 certificados de vulnerabilidad. “Lo que la Generalitat tiene que dar es respuesta poniendo las viviendas correspondientes”.

Otra afirmación que contrarrestaba el secretario autonómico. “En la ciudad de Alicante hemos adquirido 58 viviendas por un importe total de alrededor de 2.379.000 euros, solo en esta legislatura. Siendo Alicante uno de los cuatro municipios donde más vivienda hemos adquirido durante esta legislatura”.

Asimismo, enumera por una parte, el inicio de dos promociones propias de la Generalitat en la ciudad, una en Benissaudet y otra en hermanos Babel para construir alrededor de 150 viviendas, “pero más allá de esas dos inversiones también estamos finalizando la adjudicación de un lote de colaboración público privada que tiene una parcela también Alicante”.

Y por otra parte se ha referido a los programas de las dos intervenciones a escala de regeneración urbana y de rehabilitación de edificios, “Virgen del Carmen que tuvo una inversión de más de 4 millones de euros” y la polémica en el barrio Miguel Hernández paralizadas por incumplimiento de contrato de la constructora, según se alegó desde Vivienda, donde “ya se pusieron en marcha las obras y se tuvieron que paralizar por un problema con una empresa constructora que en el Ayuntamiento de Alicante también están dando problemas. Pero ahora hemos vuelto a sacar una licitación para el presupuesto que ya está en en el año 2023 y asciende a más de 6 millones de euros entre la fase 1 que son la intervención, que ya estamos realizando, sumado a la otra fase de la rotonda de la plaza Yolanda Escrich”.

“Por parte de la vicepresidencia segunda hemos invertido constantemente en el Ayuntamiento de Alicante, en la ciudad de Alicante, en todos las ámbitos en materia de vivienda y no solo que hemos invertido sino que lo hemos hecho siempre con una comunicación constante con el Ayuntamiento“, asevera.

Alejandro Aguilar, tal y como denunciaba el pasado viernes 24, el Grupo Municipal Podemos recuerda que “el Ayuntamiento de Alicante nos ha devuelto dinero, por un importe que asciende al medio millón de euros”, de las convocatorias de 2020 y 2021 de las ayudas para atender casos de emergencia habitacional y que se gestionan a través de los ayuntamientos. “Con este medio millón de euros, el Ayuntamiento de Alicante hubiera podido hacer frente a situaciones de emergencia habitacional, hubiera podido pagar alquileres o también incluso hubiera podido comprar vivienda para atender estos casos”.

Aguilar reconoce que “en otros municipios de tamaño similar la relación está siendo más fluida para atender estas situaciones”. Y lamenta que el Ayuntamiento no se haya sumado a otras políticas que hemos ofrecido como puede ser la Xarxa Xaloc”, una red de oficinas comarcales y locales costeadas íntegramente por la Generalitat y “que mejora las dotaciones de personal, que pone a disposición la Generalitat a favor de los ayuntamientos para que atiendan las políticas de vivienda”.