El Ayuntamiento de Dénia ha aprobado pedir el requisito lingüístico de valenciano en diferentes niveles de acuerdo al puesto. El pleno ha dado luz verde –con los votos a favor del PSOE y Compromís y en contra del PP, Ciudadanos y Gent de Dénia– el cambio puntual en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que afectará, a partir de julio de 2020, a los nuevos puestos de trabajo, tanto por plaza nueva como por promoción interna.
El grupo municipal ‘popular’ ha advertido que no descarta recurrir el acuerdo plenario ante los tribunales por considerarlo “contrario a derecho”.
La propuesta llevada al pleno de este jueves por el gobierno socialista encabezado por Vicente Grimalt establece diferentes niveles de competencia en valenciano que se han de acreditar: conocimientos orales para el Grupo AP, el nivel elemental para los administrativos, el nivel medio para los grupos A1 y A2 y el nivel superior para los trabajadores del departamento de Normalización Lingüística.
Así, el concejal de Normalización Lingüística, Óscar Mengual, ha explicado a Europa Press que “como autonomía local y atendiendo a la realizad sociolingüística que hay en Dénia, un municipio valencianohablante, no está de más implantar el requisito lingüístico”. “Además –ha continuado el edil socialista– hay sentencias que nos avalan de otros ayuntamientos que han introducido hace años este requisito como Gandia”.
Asegura que se trata de una decisión basada en la proporcionalidad, “extremo que se cumple desde el momento en el que el requisito lingüístico está adaptado a la tipología de puestos que hay en la RPT.
Asimismo, asegura que no se va a aplicar a toda la plantilla: “Los puestos consolidados, ya están consolidados” y “el nivel que se va a exigir en la gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo es similar al nivel que se ha dado a lo largo de la enseñanza obligatoria, desde que se puso en marcha la Ley de uso y enseñanza del valenciano del 83, por lo que se va a poder convalidar”, concluye el edil.
Óscar Mengual ha destacado el interés mostrado por parte de los funcionarios en las clases de formación de valenciana, a las que, asegura, “ya se han apuntado 60 trabajadores”.
Por su parte, el grupo municipal ‘popular’, que solicitó al secretario la retirada del punto al carecer de un informe de la Secretaría de Pleno, afirma que no descarta recurrir el acuerdo plenario.
La portavoz de la formación en el consistorio, María Munt, ha adelantado a Europa Press que se está estudiando ir a los tribunales, ya que, a su parecer, el acuerdo aprobado ayer “es contrario a derecho”, en base a un informe jurídico elaborado por el propio PP y que anoche sirvió de argumentario a la edil.
MÉRITO, NO COMO REQUISITO DE “DISCRIMINACIÓN”
María Munt afirma que PP “va a defender siempre” el valenciano pero como mérito, “como requisito puntuable, nunca como requisito para crear discriminación”. Asegura Munt, además, que lo aprobado anoche “infringe el ordenamiento jurídico” porque no ha habido una negociación colectiva con los sindicatos, “tan solo se les informó en la última mesa negociadora”, puntualiza.
De la misma manera, considera la edil que “vulnera el principio de legalidad y jerarquía normativa, puesto que excede del ámbito de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, así como la doctrina de la constitucionalidad sobre la cooficialidad de las lenguas oficiales y la paridad y equilibrio que deben existir en las mismas”.
Para Munt se han sobrepasado los límites que obligan a evitar “medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que implique un desequilibrio para algunas de las lenguas”, ha concluido
INFORMACIÓN A LOS SINDICATOS
Por su parte, el concejal de Hacienda, Paco Roselló, rechaza la versión del PP y asegura que el borrador de la propuesta está en manos de los sindicatos desde el mes de julio, y que posteriormente ha pasado por dos mesas negociadora: los días 19 y 23 de agosto.
Paco Roselló asegura que tan solo mostró su oposición a esta iniciativa el SPPLB. En cuanto a las discrepancias mostradas por el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana, añade el regidor, “fueron más de forma que de fondo, ya que aseguraron que el requisito no les parecía mal”.
Por último, puntualiza, se han aceptado las demandas de los sindicatos y retrasado la inclusión del requisito en la RPT, que en principio estaba prevista en noviembre a enero, y su aplicación a partir de julio de 2020.
