El Consell pedira al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del Plan Hidrológico del Tajo, concretamente en cuanto al incremento progresivo de sus caudales ecológicos, mientras la justicia no dirima sobre el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de enero. Mañana, viernes, el pleno semanal del Consell se traslada a Orihuela, un gesto simbólico por el que la ciudad encarnará la resistencia de la región valenciana ante los previstos recortes del trasvase al Segura.
El Consell aprobará el emprendimiento de medidas judiciales a las partes del texto que sean lesivas para los intereses de los regantes y, por tanto, de la Comunitat Valenciana. “Todavía en estos momentos se están terminando algunos detalles pero el fondo de lo que se plantea es lo que hemos dicho ya públicamente” ha señalado hoy en declaraciones el president de la Generalitat, Ximo Puig.
Es decir, gran parte de la demanda se centrará en la disposición adicional novena que el Gobierno pactó con la Generalitat y que ha sido excluida de manera unilateral y sin haber informado al Govern, antes de la votación en el Consejo Nacional del Agua. Reclaman así condicionar la subida del caudal del río Tajo a “una evaluación de cómo está funcionando las inversiones y al mismo tiempo cómo están las masas del río”.
Siempre que la calidad de estas aguas, especialmente en el tramo del río en la Comjnidad de Madrid fuera óptima, la Generalitat defiende que no se recorte el agua al Levante. “No está jsitificado que sin esa evaluación en 2025 se produzca una subida inexorable de los caudales ecológicos”, asevera Puig, que reitera que trabajan por agua para siempre desde la base del diálogo.
Ese agua para siempre incluye su defensa por la infraestructura hídrica del trasvase pero también optimizar recursos adicionales como “la reutililzación y regeneración de aguas que podemos ir mucho más allá, el uso de las aguas subterráneas también con mayor eficacia y sobre todo la modernización de riegos”. Aquí se incluye, además, el agua desalada para la que el Consell ya anunció una ayuda complementaria a la fijación de precio anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Consell recurrirá solamente algunas partes del real decreto. “Hay cuestiones en las que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con las inversiones, estamos de acuerdo con la comisión de seguimiento. Lo que no estamos de acuerdo es con esa disposición adicional novena. Continuaremos por tanto por una parte, trabajando en la gestión del diálogo y por otra parte continuaremos también en el ámbito judicial pensando que tenemos razón”
Las alegaciones serán respecto a los contenidos «que limiten de una manera absolutamente discrecional y arbitraria el trasvase. Eso lo vamos a recurrir porque creemos que estamos asistidos por la razón», añadía recientemente el jefe del Consell.
Si bien Abogacía de la Generalitat lleva trabajando al menos desde enero, según las informaciones facilitadas por la vicepresidenta Aitana Mas en comparecencias públicas previas tras el Pleno del Consell, no se habían concretado las líneas de defensa del trasvase ante el Supremo.
El Govern ha eludido ofrecer detalles mientras no estuviera publicado el real decreto en el Boletín Oficial del Estado, lo que tuvo lugar el viernes 10 de febrero. Así, el departamento jurídico ha estado trabajando sobre un real decreto “hipotético” y ahora ya está avanzando con el definitivo para armar el recurso. El plazo para ello es de máximo de dos meses desde la fecha de publicación.
El nuevo Plan Hidrológico del Tajo, incluido en este decreto regula la gestión de las cuencas de agua hasta 2027 y establece un aumento del caudal ecológico del Tajo progresivo, en detrimento del volumen a trasvasar al río Segura, que el último año será de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en total a las provincias de Alicante, Almería y Región de Murcia. Esto es en torno al 40% menos que hasta ahora en el peor de los escenarios.
Si bien la ministra de Tansición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha prometido agua para los territorios afectados, 140 hectómetros cúbicos procedentes de desaladoras hasta 2027 y su promesa de fijar un tope a su precio así como establecer comisiones de seguimiento con los tres gobiernos autonómicos.
Desde asociaciones agrarias alertan de que el agua desalada, por su contenido en boro, puede afectar a cultivos, así como la falta actual de infraestructuras, pese a que hay proyeccción de ampliar plantas desaladoras, así como un precio que incluso con las ayudas prometidas por el gobierno central y por el Consell consideran inasumibles.
El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante y ASAJA consideran que peligran 10.000 hectáreas de riego, 6.300 empleos directos en el sector agrícola y con repercutirá en más del 10% de manera indirecta en el sector agroalimentario y el transporte logístico. “Una magnitud que haría caer al resto de sectores como un castillo de naipes”, señalaban a principios de mes. Una menor producción de cítricos reduciría el 40% de la exportación agroalimentaria de la provincia y pondría en serio peligro la estructura económica de Alicante, sentenciaban.
