La Comisión de Investigación del Bono Consumo de la Diputación de Alicante se ha cerrado con la aprobación de una propuesta que concluye que no ha existido vinculación contractual con la Cámara de Comercio ni con empresas de la misma para la gestión del programa. El texto aprobado también señala que no se han detectado ilegalidades ni irregularidades en la actuación de la institución provincial.
La propuesta, firmada por la presidenta de la comisión y portavoz del Grupo Popular, Ana Serna, ha salido adelante por mayoría y deberá elevarse ahora al pleno de la corporación para su aprobación definitiva. El PSOE no ha apoyado las conclusiones, mientras que Compromís se ha abstenido y la representante de Vox no ha asistido a la sesión.
Conclusiones de la comisión
Serna ha defendido que «la conclusión es que no hay ninguna irregularidad porque lo único que hace esta institución es hacer llegar el dinero a los ayuntamientos y estos, desde su autonomía local, que parece que es una expresión que no gusta al PSOE, deciden cómo lo gestionan….esa es la única implicación de esta institución con respecto al bono consumo y no hay ninguna relación con Facpyme ni con ninguna otra empresa».
La también vicepresidenta primera de la Diputación ha defendido el proceder de la institución, que, según ha afirmado, «ha actuado con absoluta transparencia». Además, ha lamentado la actitud del Grupo Socialista, al considerar que impulsó una comisión que, a su juicio, «no tendría que haber ni siquiera dado comienzo».
Serna ha sostenido que la Diputación ha tenido que «intentar limpiar la imagen de una institución impoluta» ante lo que ha descrito como el intento del Grupo Socialista de «embarrar, crispar y y manchar el nombre de esta Diputación». La propuesta aprobada también incide en la no comparecencia de cargos socialistas que habían sido citados durante los trabajos de la comisión.
El PSOE cuestiona el cierre
Desde el Grupo Socialista, el diputado Raúl Ruiz ha lamentado que la comisión concluya «en balde», al considerar que no se ha llegado al fondo de los hechos investigados. A juicio del PSOE, el desarrollo de los trabajos ha estado marcado por la falta de transparencia y por obstáculos del equipo de gobierno.
Ruiz ha señalado que «el PP ha utilizado su mayoría absoluta para controlar el desarrollo de la comisión, limitar las comparecencias y evitar que se investigaran todas las responsabilidades políticas derivadas de este asunto».
El diputado socialista ha defendido que «nos encontramos ante una comisión que nació con el objetivo de aclarar unos hechos muy graves y que termina sin respuestas porque quienes gobiernan la Diputación no han querido que las hubiera. Han preferido proteger a los responsables políticos antes que ofrecer transparencia a la ciudadanía».
Los socialistas sostienen que entre sus conclusiones figura la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los Bonos Consumo. También reclaman que se asuman responsabilidades políticas por las irregularidades que, según defienden, se habrían detectado durante el proceso.
Comparecencias y sesiones a puerta cerrada
El PSOE también ha criticado las condiciones de la comparecencia del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, al señalar que se produjo mediante una intervención cerrada y sin posibilidad de preguntas por parte de los grupos políticos.
«Resulta incomprensible que una de las personas con mayor protagonismo en este asunto acudiera a la comisión en unas condiciones que impedían cualquier tipo de repregunta. Así es imposible investigar nada», ha manifestado Ruiz.
Del mismo modo, el Grupo Socialista ha censurado que el PP impidiera la comparecencia del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, al que considera «el verdadero articulador político de esta trama cuando era presidente de la Diputación de Alicante». Ruiz ha defendido que «Carlos Mazón tenía la obligación política de dar explicaciones» y ha acusado al PP de bloquear su presencia «para evitar preguntas incómodas».
El diputado socialista también ha cuestionado que todas las sesiones se hayan celebrado a puerta cerrada, sin acceso para los medios de comunicación ni para la ciudadanía. Según ha concluido, «una comisión de investigación financiada con recursos públicos debería desarrollarse con luz y taquígrafos. El PP ha optado por el secretismo desde el primer día, impidiendo que los periodistas pudieran seguir los trabajos y conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo. Esa falta de transparencia explica perfectamente por qué esta comisión termina sin haber aclarado las cuestiones fundamentales».
Para el PSOE, el cierre de la comisión no supone el final del asunto, sino la constatación de que el Partido Popular ha desaprovechado una oportunidad para esclarecer unos hechos que, según sostiene, afectan a la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
