La Guardia Civil ha desmantelado en la provincia de Alicante una clínica estética clandestina en Pilar de la Horadada y un centro de almacenamiento ilegal de medicamentos vinculado a una red dedicada al tráfico internacional de productos sanitarios como bótox y ácido hialurónico.
La actuación se enmarca en la Operación Zlata, desarrollada contra una organización que presuntamente ofrecía tratamientos estéticos sin cualificación profesional ni autorización sanitaria y que distribuía fármacos tanto dentro de España como en otros países. Como resultado de la investigación, una persona ha sido detenida y otras tres han quedado investigadas.
Pilar de la Horadada, punto clave de la operación
Según la investigación, los principales responsables de esta estructura operaban desde la provincia de Alicante, donde adquirían de forma ilegal grandes cantidades de medicamentos que después distribuían a clínicas clandestinas.
La explotación de la operación se llevó a cabo los días 8 y 9 de abril, con registros en distintos puntos del país. En el caso de la provincia de Alicante, los agentes actuaron en Pilar de la Horadada, donde localizaron tanto una clínica estética clandestina instalada en una vivienda como un centro de almacenamiento ilegal de medicamentos en otro inmueble de la misma localidad.
Además, los investigadores sostienen que desde este entramado se distribuían productos a otros puntos del territorio nacional y también a Lituania y Reino Unido.
Más de 1.200 viales de toxina botulínica intervenidos
Durante el operativo, la Guardia Civil se incautó de 1.248 viales de toxina botulínica, 382 jeringuillas precargadas de ácido hialurónico, 269 viales de hialuronidasa, 51 envases de lidocaína, 679 envases de productos sanitarios diversos y más de 1.000 agujas y jeringuillas.
Junto a ese material, también fueron intervenidos equipos informáticos, documentación y elementos destinados al empaquetado y distribución de los productos, en una operación que ha contado con la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Riesgos para la salud
Los investigados están acusados de presuntos delitos contra la salud pública e intrusismo profesional. Según sostienen los investigadores, el uso de estas sustancias fuera de centros autorizados y sin personal sanitario cualificado puede causar infecciones, reacciones adversas graves o secuelas permanentes.
La Guardia Civil considera que este tipo de prácticas ilícitas se ha consolidado como una modalidad emergente dentro del mercado ilegal, con impacto creciente en la salud pública y en la seguridad.
