El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a sus servicios jurídicos a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la “inacción” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha confirmado la decisión y ha defendido que el Ejecutivo autonómico busca “darle un empujón al Estado” ante un retraso que, según sostiene, supera ya los dos años.
Durante su comparecencia, Gómez ha explicado que el Gobierno central se había fijado un plazo para revisar esas reglas, pero el cambio todavía no se ha producido. A juicio del Ejecutivo castellanomanchego, ese retraso se suma a otros “incumplimientos” vinculados al caudal ecológico y ha acabado provocando el “hartazgo” de la comunidad autónoma.
La consejera ha mostrado además su confianza en que el Tribunal Supremo pueda adoptar medidas cautelares una vez admita a trámite el recurso. Según ha defendido, la ausencia de cambios en la gestión del trasvase estaría provocando un daño “irreparable” en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000, una afirmación que ha vinculado a una sentencia del alto tribunal dictada en 2025.
Las fechas clave para Alicante y el SCRATS
El anuncio de Castilla-La Mancha llega además en un momento especialmente relevante para la provincia de Alicante, ya que el 21 de abril se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por la Diputación de Alicante. Después, el 5 de mayo, está prevista la resolución del recurso impulsado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).
Gómez ha señalado que el Gobierno central estaba pendiente de esas resoluciones judiciales antes de abordar la modificación de las reglas de explotación. Con este nuevo paso, Castilla-La Mancha trata de forzar una respuesta del Estado y acelerar una revisión que sigue siendo motivo de choque político, institucional y territorial entre las autonomías afectadas por el trasvase.
Castilla-La Mancha alerta de un volumen “insostenible”
Coincidiendo con los 47 años de la puesta en marcha de esta infraestructura, la consejera ha cifrado en 15.148 hectómetros cúbicos el volumen derivado a Levante hasta el 29 de marzo. Según ha expuesto, ha habido etapas en las que se autorizaban envíos de agua mientras Castilla-La Mancha sufría restricciones para regadíos y para determinados desarrollos urbanísticos e industriales.
La titular de Desarrollo Sostenible ha advertido también de que mantener el actual nivel de derivaciones resulta “insostenible”. Según sus cálculos, este año podrían trasvasarse más de 555 hectómetros cúbicos, un volumen que rozaría el máximo legal de 600 hectómetros cúbicos y que, según ha asegurado, supondría batir todos los récords desde la puesta en marcha del sistema.
Con este recurso, Castilla-La Mancha redobla su presión sobre el Ministerio en un momento en el que el futuro del trasvase Tajo-Segura vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial, con decisiones pendientes que afectan de lleno tanto al abastecimiento y regadío del sureste español como al equilibrio hídrico que reclama la comunidad castellanomanchega.
