El Ayuntamiento de Aspe, uno de los más activos de la provincia en cuanto a medidas contra el coronavirus y ayudas para sus ciudadanos, ha gestionado la adquisición de test rápidos de coronavirus para comercios locales, tales como panaderías, fruterías, estancos y puestos del mercado, entre otros.
El alcalde, Antonio Puerto, ha explicado que no ha sido fácil conseguir que algún laboratorio haga extensiva la distribución de estas pruebas, pero considera que “es necesario priorizar también a las personas que han estado y están atendiendo cada día y en primera línea a los aspenses“.
Aunque el coste de estos test será asumido por los comerciantes, el Ayuntamiento ha conseguido negociar un precio razonable para la adquisición de los mismos. Más de 100 comercios tendrán la oportunidad de comprarlos para testar a los trabajadores que consideren que han estado más expuestos al coronavirus al prestar servicios esenciales a los ciudadanos. Se prevé que a lo largo de esta semana los comerciantes puedan tenerlos a su disposición.
Por otro lado, el Ayuntamiento, desde que se decretara el Estado de Alarma, ha sufragado el coste de 260 pruebas de detección del COVID-19 para funcionarios públicos como miembros de los cuerpos de seguridad, trabajadores de las diferentes concejalías, así como personal de limpieza y de jardines y parques.
En cuanto al número de personas contagiadas por coronavirus en Aspe, el alcalde afirma no conocerlo, pues lo han estado pidiendo al hospital pero siguen sin conseguir esos datos. Sin embargo, explica que PP Aspe presentó una moción, que ha sido aprobada por IU y Ciudadanos, para solicitar oficialmente datos de contagiados a nivel local y test masivos para la ciudadanía”. No obstante, asegura que “no ha habido ningún caso de coronavirus en la residencia de mayores”.
Respecto a la posible apertura de peluquerías, tras la autorización de los gobiernos central y autonómico, Puerto aclara que esto se debe hacer cumpliendo las estrictas medidas preventivas y de seguridad en cada local.
De momento, 14 peluquerías de la localidad alicantina han decidido no abrir por no tener medios económicos para hacer los cambios pertinentes en sus instalaciones.
“Si no pueden cumplir las medidas preventivas dictadas por el Gobierno, no han de abrir. Pero estamos trabajando para que dispongan de las ayudas necesarias lo antes posible”, asegura el alcalde.
Y añade que mantienen contacto directo con la asociación de comerciantes para escuchar sus peticiones y necesidades. De hecho, el Ayuntamiento ha creado una Comisión, formada por todos los grupos municipales, para estudiar las ayudas qué sean absolutamente compatibles con las que otorga la Generalitat o el Gobierno central.