Las amenazas dirigidas contra Carlos Mazón después de la DANA de octubre de 2024 han dado lugar a un procedimiento penal que avanza hacia una posible celebración de juicio. La Justicia ha acordado continuar la causa contra una investigadora de la Universitat de València por varios mensajes difundidos en redes sociales que contenían alusiones a explosivos, armas de fuego y métodos violentos asociados históricamente al terrorismo de ETA.
El expresident de la Generalitat figura como perjudicado en unas actuaciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. La resolución judicial, fechada el pasado 5 de octubre, considera que las publicaciones pueden constituir un delito de amenazas y dispone que el procedimiento continúe por los trámites del procedimiento abreviado.
La investigación se centra en cuatro mensajes aparecidos en abril de 2025 desde un perfil anónimo de X. Su contenido iba más allá de la crítica política e incluía referencias a la posibilidad de atentar contra la vida del entonces máximo responsable del Gobierno valenciano.
La persona investigada es una profesora universitaria vinculada al ámbito biomédico, a quien los investigadores atribuyen provisionalmente la utilización de la cuenta desde la que se difundieron las amenazas. La mujer rechaza ser la autora de las publicaciones.
Mensajes contra Mazón con referencias a métodos terroristas
La cuenta utilizada para publicar los mensajes aparecía identificada bajo el pseudónimo John Clarence Woods. Las intervenciones se produjeron como respuesta a distintas publicaciones de Carlos Mazón en X.
Entre las expresiones recogidas en las actuaciones judiciales figura una referencia directa a los atentados mediante explosivos adheridos a vehículos: ‘Tenemos que hacer que vuelvan más bombas lapa y que subseres como tú sientan que cada día pueda ser el último’.
El contenido de otra publicación mencionaba la presencia de 20 kilogramos de Goma 2 bajo un automóvil. El autor de ese mensaje también advertía de que el destinatario acabaría siendo identificado y localizado.
La violencia aparecía igualmente en una tercera amenaza que mencionaba armas de nueve milímetros Parabellum y disparos en la nuca. Estas referencias recuerdan procedimientos empleados por ETA en algunos de sus atentados.
Las cuatro publicaciones llevaron a la Brigada Provincial de Información de Valencia de la Policía Nacional a iniciar las correspondientes pesquisas. Los agentes recibieron las capturas de pantalla a través de los servicios de seguridad de Presidencia de la Generalitat y comenzaron a investigar quién estaba detrás del perfil.
Una de las dificultades iniciales fue que la cuenta había sido desactivada. Por ese motivo, los investigadores necesitaron autorización judicial para reclamar a X los datos técnicos asociados al usuario, incluidos los registros de acceso y las direcciones IP.
La información facilitada por la plataforma permitió ampliar las comprobaciones a diferentes proveedores de conexión a Internet. Los agentes terminaron relacionando varios accesos con una línea de fibra óptica cuya titularidad correspondía a la profesora investigada.
La Policía procedió a su detención en enero de 2026. Posteriormente, la autoridad judicial acordó su puesta en libertad provisional sin fianza mientras continuaban las diligencias.
Carlos Mazón ejerce la acusación particular
El procedimiento ha incorporado un nuevo elemento con la personación de Carlos Mazón como acusación particular. El expresident ha decidido ejercer directamente sus derechos como perjudicado por las amenazas investigadas.
Su representación judicial quedó formalizada el 25 de septiembre, antes de que el magistrado Jorge Martínez Ribera dictara el auto que permite continuar la tramitación penal.
La decisión sitúa el procedimiento en una fase en la que las acusaciones deben pronunciarse sobre la conveniencia de solicitar la apertura de juicio oral. También pueden interesar el archivo de las actuaciones si consideran que no existen fundamentos suficientes para formular acusación.
Durante la investigación, la Fiscalía examinó la posible existencia de un delito de odio, una calificación que finalmente descartó. El Ministerio Público entiende que los hechos deben analizarse desde la perspectiva de un posible delito de amenazas, sin añadir esa otra infracción penal.
La defensa de la profesora, por su parte, niega que fuera ella quien escribió los mensajes. Su versión apunta a que otras personas pudieron utilizar sus credenciales de acceso a los servicios universitarios.
Además, el análisis del teléfono móvil intervenido durante la detención no permitió obtener información útil para la investigación. Así lo comunicó la Policía Nacional en un oficio remitido al juzgado el 26 de septiembre.
Este resultado no ha impedido que el magistrado acuerde la continuación de la causa, sustentada en el conjunto de las diligencias practicadas, especialmente los datos de conexión y las comprobaciones policiales.
La resolución judicial no establece la culpabilidad de la investigada, que mantiene su derecho a defenderse y a cuestionar las pruebas reunidas durante la instrucción.
Para Carlos Mazón, el procedimiento supone la posibilidad de mantener una acusación judicial por unas publicaciones que contenían amenazas explícitas contra su integridad física. El siguiente paso dependerá de los escritos que presenten la Fiscalía y las acusaciones, antes de que el juzgado determine si procede abrir juicio oral.
