Alicante pide suspender la tramitación del decreto sobre Servicios Sociales hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso a la ley

La edil de Servicios Sociales reclama en las alegaciones presentadas que se precisen todos los costes, tanto en ayudas como en personal, para delimitar la repercusión en los presupuestos municipales "que están sometidos a la regla de gasto".

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La concejala de Servicio Sociales, Julia Llopis, ha presentado un escrito de alegaciones al proyecto de decreto del Consell de Coordinación Interadministrativa, de Colaboración Financiera entre administraciones públicas de la Comunidad Valenciana en materia de Servicios Sociales y de coordinación de los equipos profesionales de Servicios Sociales por el que, en primer lugar, reclama la suspensión de la tramitación del referido decreto “hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado a la ley”.

Además de lo anterior, la edil de Servicios Sociales considera que en los términos que se está tramitando el desarrollo de la ley “quedan en la indefinición muchos conceptos que deben ser concretados para que los ayuntamientos conozcamos el coste real de los servicios que tendremos que dar y la repercusión que los mismos van a tener sobre nuestros presupuestos, dado que como todos saben, las administraciones locales estamos sometidas a la regla de gasto y esta limita nuestra capacidad de actuación”. Para la edil, esta norma exigida a todos los ayuntamientos “puede verse completamente rebasada si no se concretan una serie de cuestiones previas sobre el ámbito de actuación y las personas susceptibles de ser incluidas en el plan de actuación, así como otras referidas a los recursos humanos que han de adscribirse al sistema y las prestaciones que debe realizar la administración municipal”.

En definitiva, la edil considera que el decreto en tramitación “crea dudas razonables acerca de la financiación de determinados servicios que la ley obliga a prestar a los ayuntamientos y en concreto al de Alicante, no aclara conceptos jurídicos sobre el ámbito de actuación y personas susceptibles de recibir las ayudas y deja en el aire parámetros o ratios de servicios de personal. Con estos mimbres, el contrato programa, que se articula como la pieza básica de financiación y coordinación de servcios, puede resultar una mera declaración de intenciones sin posibilidad de desarrollo e implementación efectiva, pues los fondos para su financiación puede que sean imposibles de sufragar”.

Para evitar acabando estableciendo un sistema no sostenible, la edil cree que es necesario contar con la participación “de los principales actores implicados desde su inicio y contar con estudios económicos profundos sobre la trascendencia, demanda, número de personas suceptibles de ser atendidas, disponibilidades presupuestarias reales de las administraciones implicadas, equipo de personal y profesionales con los que se cuente a partir de estos estudios y a partir de estos estudios establecer un plan de implementación gradual y sostenible de servicios”.

Por último, Llopis considera que el incremento de gasto social que deberán asumir los ayuntamientos con esta transferencia de competencias de la Generalitat “puede acabar repercutiendo en la distribución del gasto y las inversiones municipales. Y ese aumento del gasto social de los ayuntamientos por asumir competencias autonómicas sólo se podría asumir recortando otros servicios públicos básicos u obligando a los ayuntamientos a subir impuestos para poder costearlos. Es por eso por lo que el Ayuntamiento exige más concreción a la Generalitat”.