La provincia de Alicante ha duplicado su PIB en el último cuarto de siglo, ha superado los dos millones de habitantes y encadena máximos en empleo, turismo y exportaciones. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en una mejora equivalente de la riqueza por habitante. La renta per cápita alicantina se sitúa en el 74,4% de la media nacional, lo que coloca a la provincia en el puesto 45 del ranking provincial.
Esa es la principal paradoja que plantea el nuevo análisis socioeconómico presentado por INECA, que desplaza el foco desde cuánto crece Alicante hacia cómo crece. El presidente de la entidad, Alfredo Millá, ha resumido este diagnóstico al afirmar que «crecemos en volumen, pero perdemos protagonismo relativo. Alicante avanza, pero no converge».
Según el análisis expuesto, la provincia muestra una evolución positiva en términos absolutos, pero mantiene una brecha estructural que limita su convergencia con el conjunto de España. Uno de los factores señalados es el tamaño medio de las empresas alicantinas, que son un 25% más pequeñas que la media nacional. Esta realidad reduce su productividad, su capacidad inversora y sus posibilidades de ganar escala.
Una economía que crece sin ganar suficiente valor añadido
El diagnóstico también alerta del impacto del acceso a la vivienda. Comprar una casa exige actualmente nueve años de salario bruto, una presión que se ha convertido, por primera vez desde 2008, en un problema social de primer orden para la provincia.
A ello se suma el déficit inversor acumulado del Estado y la Generalitat, cifrado en 2.643 millones de euros. Millá ha advertido de que «no es un dato anecdótico porque condiciona la mejora de las infraestructuras y, con ellas, nuestra capacidad de competir».
Para el director del área de Estudios de INECA, Paco Llopis, estos síntomas responden a un modelo económico extensivo, muy intensivo en trabajo, pero no en valor añadido. A su juicio, añadir más empresas, más turistas o más población no basta si no mejora la estructura productiva.
Llopis ha defendido que el desarrollo de los territorios depende de su capacidad para combinar mejor sus recursos. En este sentido, ha señalado que «los territorios líderes no son los que más recursos tienen, sino los que mejor saben combinarlos».
Diez retos para corregir la paradoja alicantina
El documento plantea una Agenda 2031 con diez retos e indicadores medibles. Nueve de ellos se centran en los principales cuellos de botella económicos y sociales de la provincia. Entre las metas figura reducir la brecha de productividad, ya que el PIB por empleado se sitúa en el 86,9% de la media nacional, con el objetivo de alcanzar entre el 90% y el 92%.
La agenda también propone diversificar el tejido sectorial para reducir la dependencia del turismo y la construcción, modernizar la industria mediante exportaciones, automatización y ecodiseño, y transformar una agricultura cuya productividad representa el 56% de la media nacional, pese a sus récords exportadores.
Otros retos pasan por avanzar hacia un turismo más sostenible, con mayor gasto y menos estacionalidad; facilitar el acceso a la vivienda; mejorar el capital humano, en una provincia con una tasa de paro que casi duplica la media nacional; reforzar la inclusión financiera; y completar infraestructuras estratégicas, con el Corredor Mediterráneo todavía pendiente.
La gobernanza, el reto que condiciona todos los demás
El décimo reto se centra en la gobernanza, que el análisis considera imprescindible para hacer viables los anteriores objetivos. Entre las medidas planteadas figuran presupuestos orientados a resultados, un observatorio provincial, una oficina de captación de fondos, datos abiertos y elevar la inversión pública del 4,6% al 10% de los ingresos.
Llopis ha concluido que «el futuro de Alicante no depende de cuánto produce, sino de cómo organiza sus recursos, comparte el conocimiento y convierte la cooperación en prosperidad. Sin una arquitectura institucional sólida, ninguno de los otros nueve retos es viable».
