Esta operación, desarrollada en coordinación con EUROPOL, establece como misión principal la lucha contra la fabricación, distribución, comercio y uso irregulares de medios fitosanitarios empleados principalmente en el sector agrícola, pero también en silvicultura y horticultura.
La Guardia Civil, en el marco de la Operación SILVERAXE VII, ha llevado a cabo un total de 1.084 inspecciones, 434 controles practicados y 10 detenidos e investigados. Se ha detectado la presunta comisión de 21 infracciones penales, entre las que destacan delitos de falsedad documental, delitos relativos al mercado y los consumidores, delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
Adicionalmente se han detectado 480 infracciones administrativas a las normativas de sanidad vegetal y fitosanitarios, sobre actividades clasificadas y de residuos y vertidos. Con todo ello, se han aprehendido un total de 23.653 kg de productos irregulares debido a la naturaleza de los incumplimientos detectados.
El uso tradicional de los productos fitosanitarios protege los cultivos y plantas contra plagas, influye en los procesos de vida de las plantas, preserva los productos vegetales y previene el crecimiento de plantas no deseadas. Como resultado de un buen uso se obtiene un aumento en el rendimiento de la agricultura y se asegura una buena calidad en los alimentos.
Por otro lado, como compuestos químicos que en su mayoría son, pueden producir efectos adversos sobre los organismos, ya que una aplicación incontrolada de estos productos puede tener no solo efectos desfavorables en la producción vegetal y sus campos de cultivo, sino que puede originar consecuencias negativas sobre la salud pública y el medio ambiente (flora, fauna y recursos naturales), sobre todo cuando se hace un uso irregular y se trata de sustancias introducidas sin autorización ni control.
España, primer productor de la UE de frutas y hortalizas
Con el 22% de la producción europea y situándose el quinto a nivel mundial, España es el primer productor de la UE de frutas y hortalizas, según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, encabeza el listado de exportadores de la Unión Europea en el sector hortofrutícola y es uno de los tres primeros a nivel mundial junto a EEUU y China, exportando en torno al 50% de su producción.
La preponderancia de España en este sector hace que se adopten medidas de seguridad más estrictas, ya que los grupos criminales y los usuarios de estos productos fitosanitarios aceptan de manera consciente los riesgos que entrañan su fabricación y aplicación ilegales, sin reparar en el daño que ocasionan con la vista puesta en el beneficio económico.
Productos fitosanitarios ilícitos
Aunque la comercialización de los productos fitosanitarios es uno de los mercados más regulados, el uso no preceptuado da lugar a los pesticidas ilícitos o falsificados produciendo también un perjuicio económico para las compañías que, legalmente, fabrican y/o comercializan con este tipo de productos.
Para poder comercializar y usar productos fitosanitarios es necesario una autorización nacional que conlleva realizar una estricta evaluación de riesgos. Todos los países de la UE aplican los mismos procedimientos de evaluación y autorización para que estos lleguen al mercado.
También se definen los límites máximos de residuos (LMR) en alimentos, puesto que la utilización de productos fitosanitarios en las cosechas puede acarrear la presencia de residuos en los productos vegetales recolectados. Estos límites se establecen con el fin de garantizar que la utilización de estos formulados en cosechas sea segura.
Esta problemática delictiva supone una lacra al ser copias ilegales difíciles de distinguir debido a la alta calidad en la falsificación de sus marcas distintivas y envases. Carecen de autorización o están siendo empleados con fines distintos para los que fueron diseñados y no han sido sometidos a los rigurosos y exhaustivos controles exigidos por la normativa de aplicación.
ALICANTE
Por su parte, la Comandancia de Alicante desarrolló una investigación que culminó con un total de 7 personas investigadas y 5 empresas por la puesta en el mercado nacional de naranjas contaminadas con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Supone la imputación de delitos contra la salud pública, falsedad documental, relativos al mercado y los consumidores y por pertenencia a grupo criminal.
Los cítricos, procedentes de Egipto, contenían sustancias activas prohibidas y se procedió a la intervención de 20 toneladas de naranjas contaminadas. Estas fueron adquiridas en Barcelona por el líder de la organización delictiva. Además, los investigados habrían creado facturas y albaranes de compraventa, todo ello de forma ficticia, tratando de convencer a las autoridades de que las naranjas iban a ser retiradas del mercado y se iba a proceder a su destrucción.
Fruto de las investigaciones realizadas, se practicaron registros en diferentes instalaciones de empresas frutícolas ubicadas en las comunidades autónomas del levante español; una en Barcelona, una en Castellón, dos en Valencia, una en Alicante y otra en Murcia. Con ello se ha desarticulado el entramado de empresas implicadas dirigidas por el importador desde Alicante.
