El Ayuntamiento de Alicante llevará este viernes al Patronato Municipal de la Vivienda una actualización de los pliegos de la licitación de la promoción de vivienda protegida prevista en la calle Ceuta, 5, con nuevas medidas orientadas a reforzar el control del proceso de comercialización, la supervisión de los pagos, la prevención de conflictos de intereses y el seguimiento posterior de la adjudicación. El gobierno local sostiene que estos cambios buscan incrementar la transparencia y las garantías en una promoción de vivienda de protección pública, mientras el Grupo Municipal Socialista considera que las modificaciones siguen sin asegurar un control público efectivo sobre la adjudicación de los inmuebles.
Según ha explicado el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, las nuevas condiciones tienen como objetivo “garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia”, en línea con la normativa autonómica sobre vivienda de protección pública. Además, el edil ha avanzado que la actualización de la licitación abrirá un nuevo plazo de tres meses desde su publicación en el perfil del contratante para presentar ofertas, con el fin de asegurar “la máxima concurrencia y transparencia” del procedimiento.
Entre las medidas anunciadas figura la obligación de que el adjudicatario, subcontratistas, comercializadores, beneficiarios y miembros de la mesa de contratación suscriban una declaración de ausencia de conflictos de intereses. Esa exigencia se extenderá también a los potenciales beneficiarios de las viviendas, ya que todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años deberán firmar esa declaración.
El adjudicatario tendrá además que presentar un pliego o plan de comercialización que deberá ser aprobado por el Patronato de la Vivienda antes de su aplicación. Ese documento deberá recoger el régimen de uso de las viviendas, el número de inmuebles, garajes y trasteros, las superficies útiles, los precios máximos, la duración del periodo de protección, los planos, el plazo de ejecución de las obras, las fechas y plazos de inscripción, así como las fórmulas de adjudicación y el modo de asignación de las viviendas.
El Ayuntamiento también plantea prohibir la reserva previa y los pagos a cuenta hasta que la promoción obtenga la calificación provisional y la autorización de la Conselleria competente en Vivienda. Además, el periodo de inscripción deberá mantenerse abierto al menos 30 días, con un anuncio previo mínimo de 10 días, y la promoción deberá publicitarse a través de soportes como una web o una app, que podrá ser compartida por el propio Patronato.
Control posterior del proceso
La actualización de los pliegos también incorpora medidas de control una vez concluido el periodo de inscripción. El adjudicatario deberá comunicar al Patronato la lista provisional de adjudicatarios y la lista de espera, abrir un plazo de al menos siete días naturales para alegaciones y, una vez resueltas, remitir la relación definitiva.
Asimismo, el contratista deberá presentar informes trimestrales o cuando sean requeridos por el Patronato sobre las transacciones realizadas con los beneficiarios, incluyendo reservas, contratos, visados y escrituras. El Ayuntamiento añade además que podrá fijar, de forma facultativa, una baremación atendiendo a criterios de empadronamiento para reforzar el arraigo de los futuros beneficiarios de estas viviendas protegidas.
Desde el equipo de gobierno interpretan esta revisión como una fórmula para blindar la transparencia del procedimiento y reforzar el control municipal sobre una promoción de vivienda pública que ha generado debate político en las últimas semanas.
La crítica del PSOE
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, sostiene que las modificaciones no resuelven la cuestión principal, que a su juicio es quién controla de forma efectiva el sistema de adjudicación. La concejala Silvia Castell ha afirmado que “Barcala sigue dejando en manos del promotor o la cooperativa si la adjudicación de las viviendas se realiza por sorteo, baremación o antigüedad en la inscripción”. También ha advertido de que “no se garantiza que el Ayuntamiento pueda supervisar ni fiscalizar ese proceso de inscripción”.
Los socialistas cuestionan además que se introduzcan cambios de calado con la licitación ya en marcha. En este sentido, Castell ha señalado que “lo que se está haciendo es una chapuza” y ha avisado de que, si no se paraliza el procedimiento y se vuelve a licitar desde cero, “existe un riesgo real de que acabe en los tribunales”.
La edil ha defendido además que el Ayuntamiento debería recuperar el planteamiento inicial de destinar la parcela a 32 viviendas de propiedad municipal para alquiler asequible. “No es admisible que el promotor pueda decidir que el primero que llegue se quede con los pisos”, ha añadido.
A la espera de la reunión del Patronato de este viernes, el gobierno local defiende que la actualización de los pliegos permitirá reforzar la trazabilidad del proceso y elevar las exigencias de transparencia. La oposición socialista, en cambio, mantiene que el cambio sigue sin garantizar que el Ayuntamiento asuma el control directo de la adjudicación de las viviendas protegidas de la calle Ceuta.
