El Ayuntamiento de Alicante ha superado ya las 3.000 atenciones vinculadas al proceso extraordinario de regularización de migrantes, según ha explicado este martes el vicealcalde y portavoz municipal, Manuel Villar, que ha denunciado la falta de planificación del Gobierno central ante una medida que, a su juicio, ha trasladado toda la presión administrativa a los consistorios.
Villar ha precisado que solo el viernes -un día antes del inicio de las tramitaciones- se atendió a más de 1.500 personas y que, con los datos actualizados a primera hora de este martes, la cifra total ya había rebasado las 3.000 atenciones. El edil ha enmarcado ese volumen en un contexto de “sobreesfuerzo” para la estructura municipal y ha insistido en que la tramitación recae sobre unas administraciones locales que, según ha criticado, no han recibido ni refuerzo de personal ni medios materiales adicionales.
El portavoz del equipo de gobierno ha sostenido que el Ayuntamiento hará “todo lo que esté en su mano” para responder a la demanda, y no prevé por ahora una ampliación de recursos. En su intervención, ha subrayado que el consistorio trabajará con “todos los medios personales” de los que ya dispone, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo central haber puesto en marcha la regularización sin coordinarse con las instituciones que deben atender sus efectos inmediatos.
Según ha detallado, el grueso de las gestiones se está concentrando en los centros sociales, donde la petición mayoritaria está siendo el certificado de vulnerabilidad. Villar también ha señalado que las personas afectadas acuden a otras dependencias municipales en busca de documentación o de información relacionada con los trámites. «Si el Gobierno estaba tan interesado en esta medida, al menos tendría que haber puesto medios, materiales y humanos; normativos, incluso», ha añadido.
El vicealcalde ha vinculado esta situación a un aumento de la presión sobre la atención ordinaria y ha advertido de que el impacto no se limita a Alicante. A su juicio, la falta de previsión está generando una situación similar en otros municipios de España, con administraciones locales obligadas a absorber una carga añadida sin instrucciones ni cobertura suficiente por parte del Estado.
En su valoración, Villar ha asegurado que el problema no solo afecta al funcionamiento de los servicios municipales, sino también a las propias personas que acuden a realizar los trámites. En este sentido, ha criticado que la ausencia de planificación se traduzca en esperas, colas y una atención que, a su entender, no se corresponde con el trato que merecen quienes intentan regularizar su situación.
El edil también ha aludido a las concentraciones registradas en algunos puntos de la ciudad, como el entorno del consulado de Argelia. Sobre esa cuestión, ha indicado que el Ayuntamiento ha actuado con cartelería preventiva, ordenación de flujos y tareas de limpieza, aunque ha evitado hablar de un refuerzo específico más allá de las medidas organizativas ya aplicadas.
Este episodio se produce en plena ofensiva política del Partido Popular contra la regularización extraordinaria aprobada por el Consejo de Ministros. La formación ha anunciado mociones en todos los ayuntamientos donde gobierna o tiene representación para pedir la paralización de la medida y exigir al Ejecutivo central que reconsidere su aplicación.
A esa línea de crítica se ha sumado también el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que este martes ha asegurado que el proceso está provocando “caos” en muchos ayuntamientos por la falta de planificación. El jefe del Consell ha defendido que una decisión de este alcance requería mayor coordinación previa y ha advertido del efecto que puede tener sobre los servicios públicos y las políticas sociales.
